Honduras: Padre de menor asegura que militares mataron a su hijo
El pasado sábado 26 de mayo, mientras la familia Yánez Cáceres dormía, Ebed Haziel Yánez Cáceres de 15 años, salió de su casa alrededor de las 11:30 de la noche. Al día siguiente, fue hallado en la morgue, asesinado de dos disparos de fusil M-16.
Edición / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El padre de Ebed Haziel Yánez Cáceres (15 años), Wilfredo Yánez, ha denunciado que el 27 de mayo del presente año, militares dispararon a su hijo, debido a que el menor –que se conducía en motocicleta de su padre–, no se detuvo ante un retén ubicado a la altura de la colonia Los Pinos.
El pasado sábado 26 de mayo, mientras la familia dormía, Ebed Haziel salió de su casa alrededor de las 11:30 de la noche. El ahora occiso, residía en la aldea Villa Vieja, era estudiante del Instituto Herizim y miembro de la iglesia Vida Abundante.
“A la hora en que quedó de verse con su mamá en la mañana siguiente, el no aparecía, mi esposa fue a buscarlo y la sorpresa de ella, fue que encontró que la puerta de la habitación de nuestro hijo no tenía llave”, afirmó Yánez.
Mi esposa se sorprendió –continuó el afectado– de que no estuviera y lo buscó por toda la casa; no lo encontró, entonces se dio cuenta que la motocicleta no estaba. Quiero decirle a un medio de comunicación que la muerte de mi hijo no fue responsabilidad de su padre ni de su madre, recuerden que él era un adolescente, esto que sucedió yo no lo supe, si lo hubiera sabido, lo habría evitado.
Yánez comentó que al no encontrar a su hijo, llamaron a su teléfono celular, pero estaba apagado. Posteriormente la pareja se trasladó a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para interponer la denuncia y de ahí fueron remitidos a la Fiscalía del Menor. Regresaron a casa sin noticias.
La noche del 27 de mayo, debido a la insistencia de la madre de la víctima “encontramos información en homicidios de la DNIC, en donde se reportó que en la morgue judicial se encontraba un cuerpo no identificado, de tez blanca, con una edad reportada por las autoridades de entre 20 a 25 años” continuó el padre de Ebed.
“El tenía 15 años, pero era una persona que físicamente ya estaba desarrollando el cuerpo de una persona mayor, lo fui a identificar a la morgue y en efecto, él era; ese día procedimos a buscar la funeraria, la autopsia y luego lo amanecimos velando el lunes 28 de mayo”, narró con tristeza el padre del menor asesinado.
Yánez manifestó que realizó indagaciones con algunos vecinos de Villa Vieja, y que ellos le entregaron 2 cápsulas de lo que parecen ser casquillos de 5.56 milímetros, correspondientes al calibre de un fusil M-16 (fusil de asalto militar).
Los testigos afirman que quienes persiguieron a Ebed Haziel eran efectivos militares que cubrían sus rostros con pasamontañas y se transportaban en un vehículo doble cabina oscuro.
“Ellos venían siguiendo la motociclista de mi hijo y le dispararon una ráfaga de proyectiles con un fusil; tres de esos proyectiles lo alcanzaron, lo derribaron de la moto e incluso quedó con una pierna sobre el asiento de la motocicleta”, detalló Yánez.
El indignado padre apuntó que los militares mataron a su hijo “como animal” y “ni siquiera se dignaron en verificar el daño que habían ocasionado”, posteriormente –señaló Yánez–, regresaron en dirección hacia el operativo localizado en el desvío a la colonia Los Pinos, carretera hacia el oriente del país.
Sobre la obtención de los casquillos, Yánez dijo que “más tarde regresaron a buscar las cápsulas, pero no hay crimen perfecto, quizá encontraron algunas, pero no todas, un vecino halló 2 y me las entregó. Posteriormente enterramos a mi hijo, me asesoré y decidí no hacer esto público hasta hoy”, apuntó Yánez.
El padre del joven asesinado, relató que el sábado 2 de junio, condujo hacia el sitio donde presuntamente se ubicaba el operativo policial y “en efecto encontramos el operativo, hallé un vehículo con militares utilizando pasamontañas; cuando vimos el vehículo con las características que nos habían señalado, me paré delante del mismo, como a las 9:30 de la noche, agarré una cámara y tomé una fotografía del mismo”.
Sobre este suceso, Yánez mencionó que minutos después, el vehículo lo siguió hasta Villa Vieja, hasta darle alcance. “Ahí me encañonaron y me obligaron a que les mostrara las fotografías que había tomado, me cuestionaron del porqué lo había hecho y yo mentí, pero gracias a Dios me creyeron, y tengo la fotografía del equipo que ellos están usando para matar al pueblo hondureño”.
Yánez asegura que este carro forma parte de una donación de 25 unidades vehiculares, que el gobierno de Estados Unidos le hizo a su homólogo hondureño. “Ahí están las pruebas, en la foto aparece un militar posando y aparecen personas adentro con pasamontañas”, aseveró Wilfredo Yánez.
“Considero absurdo, traer a los militares que están entrenados para matar gente, a cuidar a la sociedad”, cuestionó, al tiempo que señaló que fiscales de derechos humanos han hecho algunas indagaciones en un campamento instalado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), con lo que se pudo comprobar que el operativo está siendo ejecutado por militares al mando de un oficial cuyo apellido es Mármol Yánez.
Según el padre de Ebed Haziel, trató de hablar con el oficial a cargo de los operativos militares en la zona, pero –argumentó– éste se alejó en su vehículo al momento que supo que sería requerido. “Que les dice eso a ustedes, que ya empiezan a esconder la verdad” afirmó.
Hasta el momento, ha trascendido que el ataque criminal sucedió a unos 300 metros de la posta policial, ubicada en la carretera que conduce hacia el oriente del país. Ahí se encontraban 3 policías que al escuchar las detonaciones, no salieron por temor.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expresó que “al abordar un tema de este tipo no puedo ser indiferente ante lo que puede estar viviendo la familia”.
Ya está confirmado que miembros de las Fuerzas Armadas –afirmó Oliva–, en un operativo militar, cometieron el atentado criminal que cegó la vida de este menor, que a mi juicio, pudo haber sido toda una promesa para el país, y hoy ya no está acá, pero sus padres andan buscando, reclamando y exigiendo justicia y poniendo en evidencia esa autorización de muerte que le han dado a las Fuerzas Armadas desde el Congreso Nacional, en contra de la vida de las personas.
Oliva dijo que con esta denuncia pública, “debemos ir pensando en acciones ciudadanas, y una de esa acción es revisar ese decreto que autoriza y le da potestad a las Fuerzas Armadas para que hagan operativos. Nosotros siempre advertimos que los resultados iban a ser esos”.
“Los resultados que hoy existen, son productos de la militarización y remilitarización que estamos viviendo, lo otro que hay que apuntar es que junto a don Wilfredo Yánez hay que hacer una acción de presentar un recurso de inconstitucionalidad para que se deje sin lugar ni efecto, esas potestades que se le están dando a las Fuerzas Armadas, porque ya son demasiadas muertes reportadas por las actividades de ellos en la calle”, anunció la defensora de derechos humanos.
Trascendió que los militares que realizan operativos en esta área de la capital, pertenecen a la 101 brigada de Infantería, sin embargo, la información necesita ser precisada por los fiscales que llevan a cabo las investigaciones.
En 2011, el régimen de Porfirio Lobo Sosa, aprobó en Consejo de Ministros, un decreto de emergencia en materia de seguridad pública que faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas a realizar tareas propias de la Policía Nacional.
La iniciativa fue aprobada posteriormente por el Congreso Nacional al “interpretar” el artículo 274 de la Constitución, para facultar al ejército a realizar patrullajes, allanamientos, capturas y acciones de fuerza contra la ciudadanía que –a su juicio–, altere el orden público.
La emergencia en seguridad, planteada a través de la Secretaría de Defensa, fue aprobada por un período de 90 días, prorrogable con el propósito de endurecer las acciones de combate a la violencia en todo el territorio nacional.
El 20 de marzo de 2012, el Consejo de ministros aprobó la prorroga del decreto de emergencia de Seguridad Pública por 90 días más, al decreto se le agregó que las Fuerzas Armadas de Honduras entregarán un informe de la efectividad de los trabajos realizados.
Frente a los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, el ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla aseveró que no sabe porqué se sataniza la presencia de los militares en las calles, “lo primero que le dan al soldado cuando sale, es la cartilla de derechos humanos” mencionó. FUENTE EL LIBERTADOR
