Peligrosa injerencia de grupos de choque que están en Venezuela.
Revelan conversación de mercenarios salvadoreños relacionados con Capriles en planes desestabilizadores (+Video)
“Capriles ha logrado conseguir lugares seguros, para la gente de nosotros...el equipo ya les llegó, según me dicen, y están trabajando en grupos para desorientar el voto”.
Así se escucha claramente en una conversación telefónica entre un ex coronel de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) David Koch Arana, quien se encuentra en Venezuela, y el dirigente del partido derechista salvadoreño ARENA, Roberto D’ Aubuisson, realizada el 23 y 25 de marzo de 2013.
Los videos de la injerencia y los vínculos de estos mercenarios salvadoreños y el candidato de la derecha, Capriles Radonski, fueron presentados por el Ministro Reverol, quien reprodujo el contenido de ambas conversaciones.
El 23 de marzo ambos agentes salvadoreños confirman que han revisado los informes sobre Capriles Radonski, que identifican secretamente como “C”, y dos días después, se explayan en una conversación que implica peligro inminente para la estabilidad de Venezuela, y que se desarrolló así:
-¿Le dijiste que se trabajaría como trabajamos en las campañas de aquí?...Luego que tengan cuidado, recuerda que ellos ya ofrecieron su apoyo si ganan y eso sí nos conviene”, dijo D’Aubuisson.
Koch Arana le advirtió a D’Aubuisson que ya el gobierno venezolano tiene información sobre la presencia de estos grupos, por lo que hay que tener cuidado.
-Han lanzado una cacería y supuestamente le informaron al Estado que hay gente extranjera interfiriendo sus asuntos políticos, dijo el exmilitar salvadoreño.
El político derechista extranjero, D'Aubuisson, lo tranquilizó, diciendo que Capriles ya les tiene lugares seguros, pero advirtió que era necesario coordinar el trabajo de ambos grupos porque se encuentran en Venezuela sin aparentemente conocerse.
-No sé cómo están trabajando los grupos que se mandaron de aquí, pero espero que no choquen o tengan conflicto, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo se organizan, para que se identifiquen, dijo el directivo del partido ARENA.
El ministro Néstor Reverol, presentó además del video, la foto de otro mercenario identificado como Julio Alberto Cornejo Quintanilla, quien según las informaciones de inteligencia se encuentra ya en Venezuela y es el encargado de coordinar ambos grupos de Choque.
El ministro Reverol aseguró que el Estado venezolano no dejará que grupos mercenarios desestabilicen el país y las próximas elecciones del 14-A. Confirmó que los organismos de seguridad del Estado están detrás de la pista de los mercenarios y ejecutarán allanamientos y medidas necesarias para evitar los propósitos de estos grupos desestabilizadores.
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Profesionales liberales Divulgara una pesquisa sobre la pornografía y pedofilia en facebook
EL PORTA VOZ DEL GRUPO COMUNICO VARIO MEDIOS DE PRENSA Y AGENCIAS DE NOTICIAS EN VARIOS IDIOMAS ..
pasamos de las palabras a real con estés materiales Pornográficos,pedofelia, exploración sexual y otros delitos expuesto que genera ganancias a empresa privada,,nuestro jurídico hacerla la denuncia lega directo la justicia no hablaremos mas accionaremos legalmente el dueño del materia y a facebook. ya no tenemos mas paciencia para debatir con facebook..pues la censura de su seguridad es dura con los periodistas y prensa cuando se trata de política o celebridades mas olvida el pueblo y su deber social. Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión
Miles de personas marchan en Guatemala para exigir el fin de los desalojos forzosos
Miles de personas marchan en Guatemala para exigir el fin de los desalojos forzosos
Miles de personas se quedan cada año sin hogar en Guatemala a causa de los desalojos forzosos.
© Particular
El nuevo gobierno de Guatemala debe poner fin al uso de los desalojos forzosos para resolver los conflictos sobre tierras, ha afirmado Amnistía Internacional tras concluir la marcha de protesta en la que decenas de miles de manifestantes han caminado durante nueve días hasta la ciudad de Guatemala, capital del país.
La marcha, de 215 kilómetros, se organizó para conmemorar el primer aniversario del desalojo forzoso de 12 comunidades indígenas en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, en el norte del país. Comenzó en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 19 de marzo.
En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.
La marcha, que formaba parte de una campaña para reclamar una solución al problema permanente de los conflictos sobre tierras y los desalojos forzosos en el país, terminó el martes en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.
"Las poblaciones indígenas de las zonas rurales de Guatemala son especialmente vulnerables en el contexto de los conflictos sobre tierras y los consiguientes desalojos forzosos", ha afirmado Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.
Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante los desalojos forzosos, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.
"El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. Deben implementarse las directrices para los fiscales en materia de desalojos forzosos, dictadas por la fiscal general en 2011, con el fin de cumplir las disposiciones legales nacionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
"El gobierno debe decretar asimismo la suspensión de los desalojos forzosos y reformar la ley para conceder prioridad a los derechos de las personas más vulnerables en los conflictos sobre tierras.”
Los conflictos sobre tierras en Guatemala son habituales y a menudo surgen entre comunidades indígenas rurales y grandes terratenientes. En muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte en lo referente a los derechos humanos de los trabajadores rurales.
En consecuencia, cientos de familias se ven afectadas cada año por desalojos forzosos, lo que significa que miles de personas se quedan sin hogar y sin el recurso a una vivienda adecuada. En enero de 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala señaló que en el periodo 2008-2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos.
En marzo de 2011, unas 2.500 personas indígenas del valle del Polochic, Alta Verapaz, fueron desalojadas en el contexto de un conflicto con una empresa local por la propiedad de unas tierras. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante el desalojo.
En la marcha participaron familias desalojadas, activistas campesinos y organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, y cada día se fueron sumando más personas en la caminata hacia el sur.
La marcha, que formaba parte de una campaña para reclamar una solución al problema permanente de los conflictos sobre tierras y los desalojos forzosos en el país, terminó el martes en la plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala.
"Las poblaciones indígenas de las zonas rurales de Guatemala son especialmente vulnerables en el contexto de los conflictos sobre tierras y los consiguientes desalojos forzosos", ha afirmado Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.
Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante los desalojos forzosos, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.
"El nuevo gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. Deben implementarse las directrices para los fiscales en materia de desalojos forzosos, dictadas por la fiscal general en 2011, con el fin de cumplir las disposiciones legales nacionales y las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
"El gobierno debe decretar asimismo la suspensión de los desalojos forzosos y reformar la ley para conceder prioridad a los derechos de las personas más vulnerables en los conflictos sobre tierras.”
Los conflictos sobre tierras en Guatemala son habituales y a menudo surgen entre comunidades indígenas rurales y grandes terratenientes. En muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte en lo referente a los derechos humanos de los trabajadores rurales.
En consecuencia, cientos de familias se ven afectadas cada año por desalojos forzosos, lo que significa que miles de personas se quedan sin hogar y sin el recurso a una vivienda adecuada. En enero de 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala señaló que en el periodo 2008-2012 se habían registrado 114 desalojos forzosos.
En marzo de 2011, unas 2.500 personas indígenas del valle del Polochic, Alta Verapaz, fueron desalojadas en el contexto de un conflicto con una empresa local por la propiedad de unas tierras. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, perdió la vida y otros dos resultaron heridos durante el desalojo.
En los meses siguientes, otros dos miembros de la comunidad murieron y seis resultaron heridos. En agosto, el Estado se negó a implementar plenamente la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se proporcionara protección y ayuda humanitaria a las comunidades.
En 2011, Amnistía Internacional hizo campaña sobre este caso para exigir el acceso de las personas desalojadas a vivienda adecuada, agua limpia, alimentos y atención de la salud.
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