Guerrilla FARC liberó a periodista francés Romeo Langlois

miércoles, 30 de mayo de 2012


Guerrilla FARC liberó a periodista francés Romeo Langlois

Mundo

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COLOMBIA.- Esta tarde ha sido liberado este miércoles Roméo Langlois, el periodista francés secuestrado por las FARC hace un mes en el sur de Colombia. 
Langlois, corresponsal en el país de Canal24 y Le Figaro, fue entregado a una misión humanitaria en la vereda San Isidro de Caquetá, al sur del país. Permanecía en poder de la guerrilla desde el pasado 28 de abril, cuando una unidad del Ejército que él acompañaba fue atacada por guerrilleros del Frente 15 en una zona conocida como La Unión Peneya.

La misión humanitaria, formada por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, la exsenadora Piedad Córdoba y Jean-Baptiste Chauvin, delegado del Gobierno francés, viajó 78 kilómetros por difíciles carreteras durante seis horas desde Florencia, capital de Caquetá, hasta San Isidro, una remota vereda en medio de la selva.

Allí, con pancartas alusivas a las FARC, los guerrilleros instalaron una carpa, reunieron a los campesinos y leyeron un comunicado en el que reivindicaron su lucha. Durante el acto fue entregado Langlois, con una herida de consideración en el brazo, pues durante el enfrentamiento resultó herido por un intercambio de fuego.

Según la cadena venezolana TeleSur, que transmitió en directo la entrega del comunicador, Roméo Lanlgois, un periodista de 35 años que lleva 12 años viviendo en Colombia, dijo: “El trabajo de un periodista es cubrir todas las partes del conflicto, la guerrilla, el Ejército... Hay que seguir cubriéndolo, llevar gente al conflicto y a la guerrilla”. "Mi secuestro ha sido politizado por mucha gente", añadió.

Aquel sábado 28 de abril, Roméo Langlois acompañaba a una unidad antinarcóticos del Ejército para realizar un reportaje sobre la lucha contra las drogas en Colombia. Por la mañana, los militares se encontraron de frente con los guerrilleros y comenzó el enfrentamiento. Durante los combates, según las autoridades, los insurgentes, que no estaban uniformados sino vestidos con sudadera y camisetas blancas, disparaban desde las casas de los campesinos.  FUENTE DIARIO TIEMPO

Sorprendido inspector de Tribunales con anomalías


Sorprendido inspector de Tribunales con anomalías


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Inspectores de tribunales de la Corte Suprema de Justicia investigan decenas denuncias de irregularidades en las cortes de apelaciones y los juzgados, según Bellino.


TEGUCIGALPA.- Los juzgados y las cortes de apelaciones de San Pedro Sula están bajo una profunda investigación luego de la publicación de un reportaje de Diario TIEMPO sobre numerosas irregularidades denunciadas.
Según los litigantes, los cambios de criterio que utilizan los magistrados en juicios semejantes vienen a crear inseguridad jurídica y la incertidumbre en los profesionales del Derecho por las sorpresas que reciben cuando les notifican los fallos. “Me sorprende francamente lo que estoy viendo en Diario TIEMPO sobre esas supuestas anomalías que se están dando en las cortes de apelaciones y los tribunales de San Pedro Sula”, dijo el subinspector de Juzgados y Tribunales, José Antonio Bellino.
Indicó que dio instrucciones de inmediato al jefe regional de Inspectoría de Tribunales de San Pedro Sula, René Osman Avila, para que inicie investigaciones sobre las irregularidades denunciadas. “En el Poder Judicial estamos en la lucha contra la corrupción y estamos tomando todas las denuncias para proceder a las investigaciones”, aseguró el funcionario. Agregó que en todos los niveles del Poder Judicial se hacen investigaciones y agregó que lo importante es aplicar las medidas correctivas.
Manifestó que en el caso de la denuncia de TIEMPO ayer mismo se designaron los inspectores y agregó que en un corto plazo estará el informe respectivo. “La población debe poner denuncias y aquí se tiene investigar porque no se permitirán irregularidades, pues una vez descubiertas se tienen que sancionar a los responsables”, recalcó. FUENTE DIARIO TIEMPO

Narcotráfico, instrumento de dominio imperial


Narcotráfico, instrumento de dominio imperial

Salvador Capote,  Alainet
Después de varias décadas de “guerra contra las drogas”, acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.
En los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47,000 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2,119 en 2006 aumentaron a cerca de 17,000 en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos, se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos.
Los cárteles de México cobraron mayor fuerza después que sustituyeron a los colombianos de Cali y Medellín en los años 90 y controlan ahora el 90 % de la cocaína que entra en Estados Unidos. El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense. En 2010, una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.
Estos, que son sólo algunos de los más inquietantes datos estadísticos, permiten cuestionar la eficacia de la llamada “guerra contra las drogas”. Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.
Repasemos, en síntesis, la historia reciente (1). La administración de Richard Nixon, al iniciar la “guerra contra las drogas” (1971), desarrollaba al mismo tiempo el tráfico de heroína en el Sudeste Asiático con el propósito de financiar sus operaciones militares en esa región. La heroína producida en el Triángulo de Oro (donde se unen las zonas montañosas de Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar) era transportada en aviones de “Air America”, propiedad de la CIA (2)(3). En una conferencia de prensa televisada el primero de junio de 1971, un periodista le preguntó a Nixon: “Señor presidente ¿qué hará usted con las decenas de miles de soldados americanos que regresan adictos a la heroína?” (4)
Las operaciones de “Air America” continuaron hasta la caída de Saigón en 1975. Mientras la CIA traficaba con opio y heroína en el Sudeste Asiático, el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se convertía en tragedia nacional. El presidente Gerald Ford solicitó al Congreso en 1976 la aprobación de leyes que sustituyesen la libertad condicionada con la prisión, estableciesen condenas mínimas obligatorias y negasen las fianzas para determinados delitos de drogas. El resultado fue un aumento exponencial del número de convictos por delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas y la consiguiente conversión de Estados Unidos en el país con mayor población penal del mundo. El peso principal de esta política punitiva cayó sobre la población negra y otras minorías.
Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. Al quedar libres, pudieron regresar a Bolivia y jugar papeles protagónicos en el golpe de estado (“Cocaine Coup”) del 17 de Julio de 1980, financiado por los barones de la droga. La sangrienta tiranía del general Luis García Meza fue apoyada por la administración de Ronald Reagan.
La participación más conspicua de la administración Reagan en el narcotráfico fue el escándalo conocido como “Irán-contras” cuyo eje más publicitado fue la obtención de fondos para financiar a la contra nicaragüense mediante la venta ilegal de armas a Irán, pero está bien documentado, además, el apoyo de Reagan, con este mismo propósito, al tráfico de cocaína dentro y fuera de Estados Unidos.
Estas conexiones las explica el periodista William Blum en su libro “Rogue State” (5). En Costa Rica, que servía como Frente Sur de los contras (Honduras era el Frente Norte) operaban varias redes CIA-contras involucradas en el tráfico de drogas. Estas redes estaban asociadas con Jorge Morales, capo colombiano residente en Miami. Los aviones de Morales eran cargados con armas en la Florida, volaban a Centroamérica y regresaban cargados de cocaína. Otra red con base en Costa rica era operada por cubanos anticastristas contratados por la CIA como instructores militares. Esta red utilizaba aviones de los contras y de una compañía de venta de camarones que lavaba dinero para la CIA, en el traslado de la droga a Estados Unidos.
En Honduras, la CIA contrató a Alan Hyde, el principal traficante en ese país (“el padrino de todas las actividades criminales” de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos), para transportar en sus embarcaciones suministros a los contras. La CIA, a cambio, impediría cualquier acción contra Hyde de agencias antinarcóticos.
Los caminos de la cocaína tenían importantes estaciones, como la base aérea de Ilopango en El Salvador. Un ex oficial de la CIA, Celerino Castillo, describió como los aviones cargados de cocaína volaban hacia el norte, aterrizaban impunemente en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo la base de la Fuerza Aérea en Texas, y regresaban con dinero abundante para financiar la guerra. “Todo bajo la sombrilla protectora del gobierno de Estados Unidos”. La operación de Ilopango se realizaba bajo la dirección de Félix Rodríguez (alias Max Gómez) en conexión con el entonces vicepresidente George H. W. Bush y con Oliver North, quien formaba parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.
En 1982, el Director de la CIA, William Casey, negoció un “memorandum de entendimiento” con el Fiscal General, William French Smith, que exoneraba a la CIA de cualquier responsabilidad relacionada con operaciones de tráfico de drogas realizadas por sus agentes. Este acuerdo estuvo en vigor hasta 1995.
Reagan y su sucesor, George H. W. Bush, patrocinaron al “hombre de la CIA en Panamá”, Manuel Noriega, vinculado al cartel de Medellín y al lavado de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga. Cuando Noriega dejó de ser útil y se convirtió en estorbo, Estados Unidos invadió Panamá (20 de diciembre de 1989) en un bárbaro acto sin precedentes contra el derecho internacional y la soberanía de un país pequeño.
Michael Ruppert, periodista y ex oficial de narcóticos, presentó en 1997 una larga declaración, acompañada de pruebas documentales, a los comités de inteligencia (“Select Intelligence Committees”) de ambas cámaras del Congreso. En uno de los párrafos se afirma:
“La CIA traficó con drogas no sólo durante la época de Irán-contras; lo ha hecho durante todos los cincuenta años de su historia. Hoy les presentaré evidencias que demostrarán que la CIA, y muchas figuras que se hicieron célebres durante el Irán-contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodríguez y George H. W. Bush (6) han estado vendiendo drogas a los americanos desde la época de Vietnam.” (7)
En 1999, la administración de William Clinton bombardeó despiadadamente al pueblo yugoeslavo durante 78 días y noches. De nuevo aquí, aparece el narcotráfico en el trasfondo de las motivaciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus homólogos de Alemania y Gran Bretaña utilizaron el tráfico de heroína para financiar la creación y equipamiento del Ejército de Liberación de Kosovo. La heroína proveniente de Turquía y del Asia Central pasaba por el Mar Negro, Bulgaria, Macedonia y Albania (Ruta de los Balcanes) con destino a Italia. Con la destrucción de Servia y el fortalecimiento –deseado o no- de la mafia albanesa, la administración Clinton dejaba expedito el camino de la droga desde Afganistán hasta Europa Occidental (8). De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un 80 % de la heroína que se introduce en Europa pasa a través de Kosovo.
Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La “guerra contra las drogas” sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.
Se olvida a menudo que el narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas. Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.
La reciente declaración del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP (9), con motivo del cuadragésimo octavo aniversario del inicio de la lucha armada rebelde, denuncia este vínculo drogas-capital:
“…los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico.”
El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México (NAFTA) ha obligado a numerosos campesinos, ante la competencia de productos agrícolas norteamericanos, a cultivar en sus tierras amapola y marihuana. Otros, frente a la alternativa del trabajo esclavo en las maquiladoras, prefieren ingresar en las redes mafiosas de la droga. El gran aumento del tráfico de mercancías a través de la frontera y los controles bancarios para combatir el terrorismo, han desplazado el lavado de dinero de los bancos hacia las corporaciones comerciales. La complejidad y el volumen de las operaciones financieras, y el flujo instantáneo y constante de capitales “on line”, hacen extremadamente difícil seguir el rastro de las transacciones ilícitas.
Una de las consecuencias del NAFTA es la impunidad casi total que acompaña el flujo de narcodólares hacia ambos lados de la frontera. Al igual que en México, el Tratado de Libre Comercio recientemente puesto en vigor en Colombia estimulará la violencia, el narcotráfico y la represión sobre trabajadores y campesinos. La “Iniciativa Mérida”, a su vez, es sólo la versión México-Centroamericana del Plan Colombia.
Debemos meditar sobre el hecho de que en todos los escenarios donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, principalmente en aquellos donde ha ocupado a sangre y fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido. En Afganistán, el cultivo de amapola se redujo drásticamente durante el gobierno de los talibanes para alcanzar luego, bajo la ocupación norteamericana, un crecimiento acelerado. Afganistán es actualmente el primer productor de opio del mundo pero, además, ya no sólo lo exporta en forma de pasta para su procesamiento en otros países sino que fabrica la heroína y la morfina es su propio territorio.
Si nos atenemos a los hechos históricos, podríamos afirmar que la política de Estados Unidos no ha sido la de “guerra contra las drogas” sino la de “drogas para la guerra”.
Notas:
1) Podría comenzar en fecha muy antigua, por ejemplo en la época de las “Guerras del Opio” del imperio británico para afianzar su dominio sobre China, pero no es necesario para los objetivos de este artículo.

2) Alfred McCoy: “The Politics of Heroin: The Complicity of the CIA in the Global Drug Trade”, New York, Lawrence Hill and Co., 2003.

3) Con anterioridad, “Air America” había ayudado a las fuerzas del Kuomingtan, leales a Chiang Kai-shek, a transportar el opio desde China y Birmania  hasta Bangkok en Tailandia. Los servicios de inteligencia franceses utilizaron también el tráfico de heroína para financiar sus operaciones encubiertas en Indochina.

4) Rick Perlstein: “Nixonland”, Scribner, 2008, p. 567.

5) William Blum: “Rogue State”, Common Courage Press, 2005, pp. 294-297.

6) Richard Secord: Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, convicto por su participación en el escándalo Irán-contras; exonerado en 1990 por decisión de la Corte Suprema. Ted Shackley: “el fantasma rubio”, jefe de la estación de la CIA en Miami durante la Crisis de Octubre (“Cuban Missile Crisis”) y durante la Operación Mangosta (“Mangoose”) dirigida contra Cuba; Director de la Operación Fénix (“Phoenix Program”) durante la cual fueron asesinados más de cien mil vietnamitas; dirigió otras muchas operaciones encubiertas de la CIA; murió de cáncer en 2002. Tom Clines: una de las figuras principales del escándalo Irán-contras; entre 1961 y 1962 participó en operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba; a las órdenes de Ted Shackley estuvo a cargo de la guerra secreta en Laos y participó en la Operación Mangosta; entre otras muchas fechorías estuvo a cargo de la operación de la CIA en Chile que derrocó al presidente  Allende. Félix Rodríguez: cubano-americano, fue uno de los jefes de “Operación 40” o “40 Asesinos” y de la invasión mercenaria a Cuba en 1961. Participó en el asesinato del Che en Bolivia. George H. W. Bush: Ex Director de la CIA (1976-1977) y ex Presidente de Estados Unidos (1989-1993).

7)  Citado por Daniel Estulin: “Shadow Masters”, Trine Day LLC, 2010.

8)  Michael Ruppert: “Crossing the Rubicon”, New Society Publishers, 2004.

9)  FARC-EP: “48 años de lucha armada rebelde”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.


http://alainet.org/active/55204  FUENTE VOS EL SOBERANO

Sindicato de la ENEE protesta contra renovación del contrtato a SEMEH


Sindicato de la ENEE protesta contra renovación del contrtato a SEMEH


stenee29052012
TEGUCIGALPA, Honduras (AFP) -Unos 3.000 empleados de la gubernamental Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras protestaron este martes en las calles de Tegucigalpa contra la ampliación del contrato a la compañía privada que cobra las facturas de electricidad, constató la AFP.
Los manifestantes recorrieron unos seis km por un concurrido bulevar del este de la ciudad hacia el centro, en protesta porque las autoridades de la ENEE pretenden que la empresa Servicios de Medición Eléctrica de Honduras (Semeh) siga cobrando las facturas a más de un millón de abonados, entre hogares y negocios.

El presidente Porfirio Lobo había anunciado que el contrato, que vence el 31 de mayo, no sería ampliado a Semeh porque representaba un gasto oneroso para la empresa estatal.

Pero el titular de la empresa, Emil Hawit, con rango de ministro, anunció la semana anterior que Semeh continuará realizando la lectura de los medidores, facturación, cobranza, corte y reconexión de energía eléctrica hasta que se sustituya mediante un proceso de licitación pública e internacional.

"Semeh tiene 12 años de estar sacrificando al pueblo y no es justo que las autoridades le extiendan el contrato por 60 a 90 días mientras se realiza el proceso de licitación", expresó en la protesta el presidente del sindicato de ENEE, Miguel Aguilar.

La ENEE abastece el 100% de la energía que se consume en Honduras, un 70% generado con plantas térmicas y una eólica que compra a empresas privadas y el resto hídrica de sus fuentes propias. Los sindicalistas calcularon en unos 3 mil los manifestantes. FUENTE VOS EL SOBERANO

Leticia Salomón: Cúpula policial debe ser puesta ante los tribunales de justicia


Leticia Salomón: Cúpula policial debe ser puesta ante los tribunales de justicia


Leticia Salomón asegura la sociedad tiene el derecho de pedirle cuentas a todos los oficiales de policía por los altos índices de delincuencia. .
TEGUCIGALPA.- La reconocida socióloga, Leticia Salomón, sugirió que la cúpula policial debe ser “descabezada y puesta en investigación en los tribunales de justicia y no solamente estar cambiando a sus directores”.
En opinión de la reconocida profesional, los culpables de la situación de inseguridad son los que han dirigido las principales instituciones del Estado y de los partidos políticos que han gobernado, porque delegaron completamente esa responsabilidad a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Salomón señaló, además, que se ha hecho una estigmatización al señalar que los altos niveles de inseguridad la provocan los pobres, cuando en la realidad la delincuencia opera a menor, mediano y alto nivel.
A continuación la entrevista con Diario TIEMPO.
¿Si nos imagináramos a Honduras como un enfermo, cuál sería su diagnóstico?
Diría que Honduras es un paciente sumamente grave a punto del desahucio. Esa no es una perspectiva ciudadana, es una realidad, porque tenemos 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, el porcentaje más alto del mundo.
Pero hay sectores del país que tienen cifras más altas. ¿Usted cree que es cierto?
Sí. Hay departamentos en el norte del país que ya rondan los 200 homicidios por cada 100 mil habitantes y eso es inaudito. Pero lo más inaudito es que todavía no se ejecuta una sacudida en la institucionalidad para que se den respuestas integrales.
¿Cuáles son las raíces de los problemas que tienen contaminadas a varias instituciones del Estado?
Los problemas de Honduras no solo tienen que ver con la sociedad, porque se ha producido una especie  de estigmatización de la pobreza en el sentido que la gente dice que ya no se aguanta tanto delincuente pensando que son los pobres.
¿Entonces cuáles son las causas de este entorno de inseguridad?
Si dividimos la criminalidad en menor, mediana y grande,  veremos que en la primera puede haber involucramiento de pobres. Pero si hablamos de criminalidad mayor, nos referiremos a muchos millones y poder político.
¿A su juicio, cómo están manejando las diferentes instituciones del Estado la problemática?
Es lamentable el manejo, y no solo de parte de las instituciones del Estado, sino también de los partidos políticos que tampoco están preparados para enfrentar temas de seguridad y defensa nacional, porque tradicionalmente han delegado estas atribuciones en los militares y policías.
¿Ante esa actitud de las instituciones del Estado y de los partidos políticos qué se debe hacer?
En la medida que ellos asuman el control y la conducción de los temas de seguridad, entonces podríamos ver un cambio en el horizonte. Mientras no se haga eso, estaremos dando a los mismos involucrados la posibilidad de que todo siga igual.
¿El presidente Porfirio Lobo Sosa tiene las cartas en la mano para revertir este flagelo?
La oportunidad está y mientras no se termine su gobierno tiene la opción de hacer muchas. Miro que al final está tratando de hacer algo, quizá de manera desesperada por enfrentar los problemas.
¿Qué le pareció el nombramiento del nuevo director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla?
Esto indica que algo está ocurriendo en la Policía, y por eso toda la cúpula policial debe ser descabezada y puesta ante los tribunales de justicia.

LA FRASE
“Los partidos pequeños nuevos tienen la oportunidad de proponer cambios importantes y vamos a ver si el sistema no los absorbe y se los come, por eso es un peligro”: Leticia Salomón.  

http://www.tiempo.hn/index.php/portada/11693-es-lamentable-el-manejo-dado-al-tema-de-seguridad


“No se requieren redes de inteligencia para descubrir dónde están los criminales”: Leticia Salomón

Mayo 28, 2012 - 23:34 Proceso DigitalTegucigalpa - La actual crisis en materia de seguridad era algo previsible por el deterioro acelerado de todo el sistema de justicia en Honduras dijo con certeza la investigadora social, directora de Investigación Científica de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un pilar del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), Leticia Salomón.

Salomón conversó con Proceso Digital e hizo reflexiones en momentos cruciales para Honduras, un país donde la tasa de homicidios alcanza 86.5 por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el primer lugar como el país más violento del mundo, fuera de las zonas de guerra, según las Naciones Unidas.

La experta manifestó su preocupación porque, a su juicio, hay una deformación en creer que la inteligencia militar debe servir policialmente o como inteligencia de calle. “Son términos distintos, preocupa el hecho de cruzar la procedencia militar con la policial porque en la medida que estos se cruzan estamos deformando las cosas”, aseveró Salomón.

Para la estudiosa del tema, las Fuerzas Armadas están saliendo de manera creciente de sus cuarteles y están colocándose en todas las instituciones del Estado, adquiriendo una presencia que habían perdido por lo propia lógica de la democracia.

A continuación el diálogo:

¿Cómo percibe la inseguridad que vive el país?

La situación de inseguridad que vive el país es bastante lamentable, pero al mismo tiempo previsible. En los últimos años se ha visto un deterioro acelerado de todo el sistema de justicia que ha mostrado una gran incapacidad en atender las demandas de seguridad que provienen de la ciudadanía.

Por otro lado, el crimen ha aumentado cuantitativa y cualitativamente, hablamos de una criminalidad menor y una criminalidad mayor. En ese sentido, hablamos de una criminalidad menor que es la que tiene mucha visibilidad, que es la que involucra a las personas de a pié, a los que todos los días son víctimas de asaltos y robos, que tienen incrementado ese clima de inseguridad.

También está la criminalidad mayor, específicamente el crimen organizado que en nuestro país ha adquirido una dimensión como no se había visto antes.
Significa que hemos pasado de ser un país de tránsito de drogas a convertirnos a un país consumidor. Eso significa que se han establecido redes de interrelación al interior del país, en donde el narcotráfico ha puesto sus tentáculos también en esferas de decisión política, en instituciones claves del Estado y en el mismo sistema de justicia con sus tres operadores: policías, fiscales y jueces.

¿Cómo contribuye la academia a contrarrestar el flagelo de la inseguridad?

Desde aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) funciona el Observatorio de la Violencia que está adscrito al Instituto Universitario, Democracia, Paz y Seguridad, donde se ha tratado hace varios años de estar creando información en materia de Seguridad.

Esto ha hecho que se sienten junto con la Policía, Medicina Forense, Hospital Escuela y reúnan la información y la precisen con nombres y apellidos y dar con certeza el número de muertos o lesionados que hay en el país.

Es un proceso interesante porque la experiencia del Observatorio ha trascendido las fronteras patrias y ha involucrado la necesidad de tener datos confiables para ver en qué puntos nos encontramos.

Por el Observatorio es que nos damos cuenta que hay 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo la tasa más alta en el mundo en zonas que no están en guerra.
Esto es una sacudida tremenda a la estabilidad del país, que amerita pedir cuentas a los funcionarios de Estado sobre ¿qué están haciendo? ¿Qué resultados están produciendo?
¿Por qué la Policía refuta estas estadísticas?

La Policía tiene una larga tradición en nuestro país y es el hecho de tener un monopolio sobre los datos de la delincuencia y de la violencia, datos que ellos manipulan y los han manipulado a su antojo.
La experta en temas de seguridad prevé como peligrosa la fusión
Policía-Ejército porque son dos doctrinas totalmente diferentes.

Eso significa, que de un año a otro nos salían diciendo que la delincuencia ha bajado, que los secuestros han disminuido, que ya no hay asaltos a gasolineras, pero ese es el discurso oficial. En la práctica, están ocurriendo otras cosas y es lo que como ciudadanos esperamos que nos transmitan como información fidedigna.

La Policía hace mal en ocultar los datos, debería asumir públicamente que hay un problema y sobre todo asumir que ellos son incapaces de enfrentar el clima de inseguridad que tiene el país.

Con estos decretos de emergencia en seguridad ¿qué mensaje manda el gobierno?

Una larga tradición en nuestro país, la incapacidad de los políticos para conducir los temas de defensa y los temas de seguridad. Por lo general, son temas álgidos y complicados y lo que han hecho es delegar esos temas a las Fuerzas Armadas o en la Policía con militares retirados. De esa manera, cualquier cosa que pase en Honduras responden aumentándole el presupuesto a la Policía o sacando los militares a la calle.

Si nos preguntamos si son medidas suficientes para contrarrestar la inseguridad, es claro que no, porque los delincuentes se encierran o mueven sus operaciones a otros sitios del país. El gran problema que esto suscita es el alto costo que el gobierno tiene que pagarle a las Fuerzas Armadas por salir a las calles.

Todas estas medidas que se toman corresponden más a manotadas de ahogados, porque no saben qué hacer.

¿Que pasará si estas medidas no resultan?

Con el tránsito a la democracia, particularmente con el fuerte viraje que se dio amediados de los años 90, en que sustrajo la Policía de las Fuerzas Armadas se eliminó a la institución castrense de instituciones claves que estaban controlando como telecomunicaciones, Marina Mercante de los cuales se habían aprovechado ellos diciendo que por razones de seguridad…

Desde entonces habíamos observado un fuerte proceso de desmilitarización de la sociedad, eso significa que al eliminarse el servicio militar obligatorio, las Fuerzas Armadas no aparecían ante la ciudadanía como una amenaza, esto les permitió en los últimos 15 años mejorar su imagen.

Habían adquirido niveles de legitimidad bastante altos, inclusive muchos los colocaban por encima de la Iglesia Católica, porque al estar las FFAA alejado de los problemas políticos y sociales, la gente se sentía más confiada, pero a raíz del Golpe de Estado y que intervinieron en una situación política, a través de la represión que se produjo y que fueron protagonistas de la conflictividad social, los militares aparecen ahora reposicionándose en el escenario político, tomando viejos puestos claves de los cuales habían sido alejados por la fuerza y los vemos ahora adquiriendo una gran presencia en materia policial. Eso significa que las Fuerzas Armadas están saliendo de manera creciente de sus cuarteles y están colocándose en todas las instituciones del Estado, adquiriendo una presencia que habían perdido por la propia lógica de la democracia.

Se estima que con la aprobación de la Ley Especial para la Depuración Policial, habría unos dos mil efectivos policiales fuera de la institución. ¿Qué hacer con este grupo de uniformados?

Muchas personas se debaten entre el dilema de decir qué hacemos entre tener policías corruptos, delincuentes y hasta asesinos en la propia Policía o sacarlos de la institución para que la Policía quede limpia. Creo que son dos extremos que en última instancia no son tales, ¿por qué? Pues porque como ciudadanos tenemos una amenaza en la Policía, porque esas personas que son delincuentes y corruptos están ahí, tienen armas y tienen poder.

El hecho que se les saque de la institución, les quita la autoridad y vuelven a ser ciudadanos comunes y corrientes. Vamos a decir que hasta este momento, ellos hacen de las suyas amparados en toda la institucionalidad que los protege… salen de la misma y quedan al desamparo, ahora se lo van a pensar de mejor manera para hacer alguna cosa porque ahora no tienen armas de reglamento y no tienen sobre todo a sus compañeros de equipo que los protegen y que les solapan.

¿Como académica, qué soluciones prácticas recomendaría en este momento de crisis?

Siento que se está dando como una efervescencia en el país en este momento y eso es bueno, es saludable. Y digo que es una efervescencia porque por un lado, el Congreso está tomando algunas medidas; por otro lado, la creación de la Comisión de Reforma de todo el sistema de seguridad. Este remezón que se ha producido en la Policía colocando al frente a una persona que se espera que haga algo porque conoce bien a sus compañeros.La Policía siempre ha manipulado las estadísticas de violencia en vez de reconocer su incapacidad para enfrentar el crimen dijo la directora de Investigación Científica de la UNAH

Estamos como espectadores de una serie de acontecimientos que se están moviendo en el escenario y que si mantenemos nuestra atención y nuestra presión puede conducir a un buen resultado.

En estos momentos tenemos como dos o tres problemas. Uno de los problemas son los altos niveles de corrupción y delincuencia que hay al interior de los operadores de justicia y ahí hablamos de los policías que son los más visibles, pero también estamos hablando de fiscales y jueces. En la medida en que éstos se vayan depurando vamos a ir avanzando en la lucha contra el crimen.

El segundo aspecto tiene que ver con el crecimiento de los crímenes de delincuencia y de violencia que requieren de todos los operadores de justicia, fortalecer sus capacidades para enfrentarlos. Sí el crimen organizado tiene sofisticaciones tecnológicas para cometer sus fechorías, los operadores tienen que generar capacidades para salir adelante y poder enfrentar esos retos produciendo resultados.

Al mismo tiempo tenemos un sistema de justicia que debe ser alineado en enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Por ejemplo, tenemos que la región atlántica de Honduras ocupa los niveles más altos de violencia en el país, ¿Por qué no se produce una estrategia de incidencia de todos los operadores de justicia en esa zona? Investiguemos a los jueces, policía preventiva, policía de investigación, fiscales… le aseguro que una investigación de esa naturaleza produciría resultados de impacto en la sociedad, pero cada quien anda en lo suyo y no generan los resultados esperados.

¿Cuál es su opinión de la recién creada Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia?

Dentro de toda esta efervescencia o desesperación por hacer algo, la respuesta más común es que están fallando los mecanismo de inteligencia para detectar donde están los delincuentes, los narcotraficantes… ese razonamiento, de entrada, es falso porque ya se sabe quiénes son los delincuentes.

Si usted pregunta al común de la gente, saben en sus pequeñas comunidades, en sus municipios o departamentos quienes son los que se están formando como capos de pequeñas mafias de narcotraficantes en el país y saben también quienes dentro de la Policía, del Ministerio Público y de los jueces están confabulados con el narcotráfico.

No se requiere redes de inteligencia para descubrir dónde están los criminales.

Por otro lado, hay una deformación de creer que la inteligencia militar es la que sirve para inteligencia policial con inteligencia de calle. Son términos distintos, preocupa el hecho de cruzar la procedencia militar con la policial porque en la medida que estos se cruzan estamos deformando las cosas.

Los militares siguen anclados en la guerra fría, pensando que todos los enemigos son subversivos, todos los enemigos están colocados del otro lado, por lo tanto hay que perseguir comunistas, izquierdistas, líderes sindicales, todos los que critican el sistema y de esa manera se va a componer la situación de violencia. Al ser equivocado ese razonamiento, será equivocada la estrategia y la táctica porque el enemigo no está en los que ellos piensan, el enemigo está en la calle y que no han sido debidamente investigados y procesados en los tribunales.
http://www.proceso.hn/2012/05/28/Reportajes/E.CNo.se/52508.html  FUENTE VOS EL SOBERANO

En Tocoa se abordó la memoria històrica y la presencia militar de Estados Unidos


En Tocoa se abordó la memoria històrica y la presencia militar de Estados Unidos



Bertha Oliva
Bertha Oliva
Tocoa, Colón. En el segundo día de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán y que concluye el miércoles 30 de mayo en esta ciudad, se desarrolló un seminario en donde la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berth Oliva y el dirigente sindical Carlos H. Reyes resaltaron la memoria hstòrica. la amenaza del remilitarismo en Honduras y la presencia de tropas estadounidenses.
Bertha Oliva inició su exposición informando a la concurrencia que esta semana el comité desarrolla una serie de actividades en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido porque "creemos que rescatar la memoria es una obligación y es un deber, porque eso es lo que nos han querido cortar, para que la gente no hable del pasado para borrarlo".

Oliva recalcó que estar en el salòn que lleva el nombre del sacerdote jesuita James Francis Carney (padre Guadalupe, màrtir de la década de los ochentas) para mí es rendir homenaje a la memoria de los que se fueron.

"El padre Guadalupe al igual que otros mártires, ya no están con nosotros, pero nos enseñaron el camino y nos dejaron sus huellas, el padre Guadalupe fue maestro de nosotras y de algunos de los que estamos aquí", recordó la defensora de derechos humanos.

Agregó que por eso hablar de la memoria es necesario, aunque a los tomadores de decisiones no les gusta, nos dicen que no hay que ver hacia atràs y que miremos el presente y para el COFADEH mirar hacia el pasado, es hacer un homenaje al futuro del presente.

"Eso lo tenemos muy claro y es una de nuestras líneas para continuar de pie, para seguir ayudándonos a nosotras mismas y a la ciudadanía en general, pero también hemos aprendido a trabajar sin odios y sin rencores, pero hemos aprendido a trabajar no con medias tintas, porque a este pueblo lo que le han ocultado y negado, es el derecho a la verdad", señaló Oliva.

La defensora de derechos humanos sostuvo que se ha pretendido quebrantar la voluntad del comité para que el miedo paralice el accionar del COFADEH en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Al referirse a la remilitarización del país y a la presencia de tropas estadounidenses en Honduras, Oliva señaló que "no podemos estar de acuerdo con invasiones de esta naturaleza porque venimos del pasado, sabemos lo que dejó y lo que significa aún, la presencia norteamericana en nuestro país, y eso nos hace en la actualidad, que tengamos una Honduras en un estado de guerra, sin declaratoria de la misma".
Carlos H Reyes
Carlos H Reyes
En otro punto recalcó que "tenemos un terrorismo mediático de los medios masivos de comunicación y eso nos lleva a una verdadera carencia de institucionalidad del Estado, que es lo que nos pone en esta mesa y en este debate, tanto a nivel nacional como internacional: no hay institucionalidad en el país".

Es así que podemos hablar de que en Hondurasa estamos en un estado de emergencia en materia de derechos humanos y con todo un manto de impunidad que nos obliga a querer hablar y hacer acciones, pero no atropellando la memoria ni olvidando lo que ha ocurrido en el país, tanto en el pasado como en el presente.

Hablando de los medios de comunicación, Oliva trajo a la memoria de los presentes, los asesinatos de 24 periodistas perpetrados después del golpe de Estado, en los cuales "en ninguno de esos casos ha habido la voluntad política para investigarlos y llevar a los tribunales a los responsables".

Agregó que cuando hablamos de esas cifras nos preguntamos ¿en qué país estamos?, ¿cuál es el mensaje que nos quieren dar?, ¿hacia dónde nos quieren llevar?, y nos quieren llevar a que permanezcamos sentadas, que no denunciemos y que nos olvidemos.

Finalmente Oliva expresó que su apreciación de que el país está en situación de emergencia en materia de derechos humanos se refuerza en que en el año 2011, el COFADEH registró mil 693 violaciones a los derechos humanos, que nunca antes se habían contabilizado.

Por otro lado la reconocida defensora de derechos humanos citó que su organización ha registrado 59 asesinatos de campesinos en el Bajo Aguán en los últimos 3 años, y que también incluye la desaparición forzada del campesino Francisco Pascual López.

Posterior al golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha registrado 22 casos de desapariciones forzadas por motivaciones políticas, "que para nosotras es una derrota porque hemos trabajado para el nunca más, porque deseábamos que no hubiese más hogares que en Honduras, les tocara vivir lo que a nosotras nos tocó en los años ochentas".

"Estamos acompañando a estas familias y nos toca revivir lo que experimentamos, porque nuestras heridas están ahí, y eso nos indica que el grado y el nivel de impunidad que hay en el país es muy fuerte, pero debemos decir que continuamos como en los viejos tiempos, tratando de buscar y ver quién nos puede tener a personas que están en riesgo y que deben salir al exilio político, y eso no es democracia, esto no es reconciliación, para nosotras es dolor, verguenza e impunidad".

Por su parte el dirigente sindical y miembro del Directorio de  la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación REL-UITA, Carlos H. Reyes dijo que se ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en Honduras, porque en el caso del Aguán, se viola un derecho como la alimentación.

"La REL-UITA ha venido trabajando en este campo en materia de derechos humanos y ha presentado las denuncias de lo que está sucediendo acá ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas ", explicó Reyes.

Indicó que en un reciente viaje que realizó a Suiza también expuso esta realidad ante parlamentarios de esta nación. "Les dijimos que la situación de derechos humanos en Honduras se continúa deteriorando en forma alarmante, debido a las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, situación que pretenden encubrir con actos del crimen organizado, quien ha penetrado al ejército y la policía, actos que también aprovechan para intimidar e infundir terror en la población, creyendo que evitarán la lucha del pueblo por sus derechos y coartarán la libertad de expresión".

Al respecto Carlos H. Reyes citó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio (que apoyó el golpe de Estado) al calificar a Honduras como "estado fallido, lo hace con el propósito de que venga más intervención extranjera y ya lo saben ustedes en este país tenemos 6 bases militares de Estado Unidos y tenemos la cooperación del gobierno de Colombia para montar, grupos paramilitares que andan asesinando a hondureños y hondureñas.

El dirigente sindical comentó que en los años ochenta vino un vice presidente de Estados Unidos a decirnos que Honduras debía servir de base en la lucha contra el comunismo y ya sabemos lo que nos pasó en esa década en materia de derechos humanos y si hoy vuelve el vice presidente Joe Biden, a decirnos que tenemos que participar en otra guerra viendo el ejemplo de México donde lleva 48 mil muertos y 60 mil hombres en armas destinados a esa guerra contra el narcotráfico, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros?, y lo hemos dicho aquí en el congreso de la REL-UITAy en Suiza, que el destino de Honduras es terrible.

"Pero no nos  pongamos a llorar, debemos luchar por ver cómo superarnos esta difícil situación en la que mos encontramos y de la cual, el país nunca había estado en ella", concluyó Reyes.  FUENTE VOS EL SOBERANO

Honduras: ¿Por qué somos un país con tanta violencia?


Honduras: ¿Por qué somos un país con tanta violencia?

Ismael Moreno, Revista Envío No. 362, mayo 2012

La violencia en Honduras tiene viejas raíces. Las más nuevas y gruesas raíces se pueden identificar viendo lo ocurrido en los últimos treinta años. La acumulación de riquezas y de recursos en pocas manos, la acumulación de tierras en esas mismas manos y la acumulación de poder en las instituciones del Estado en manos de esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable.

Por mucho que se quiera ocultar, la Honduras en la que hoy estamos viviendo se ha escapado de las manos de todos los sectores. De las manos de los sectores políticos y de las de los empresarios. También de las manos del gobierno de Estados Unidos. Todo mundo lo experimenta aunque no todo mundo lo asume. Y todos andan buscando que Honduras vuelva a sus manos. Cada quien por su cuenta. Y ésa es también la razón de la actual crisis hondureña.

Todo mundo se encuentra afectado por la violencia, que de hecho gobierna a toda la sociedad. La controla, la conduce, la chantajea y la amenaza. Pero la violencia no existe por sí misma. Tiene quien la provoca, la dirige y la sostiene. Cada sector le echa la culpa de la violencia a otros, a los demás. Mirando la violencia se puede encontrar respuesta a lo que ha ocurrido en Honduras y a lo que puede venir. Mirando la violencia, se puede identificar a los responsables y a sus víctimas.

TRES RASGOS EN ESTAS TRES DÉCADAS

Honduras es una sociedad muy violenta. Nadie se escapa de la violencia ni del miedo que produce. “Uno sabe que sale de la casa, pero nadie puede asegurar que regresará”, se suele escuchar en todos los ambientes. El relator especial para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, afirmó en un foro latinoamericano realizado a mediados de abril, que en proporción a su población, Honduras es el país con la más alarmante violación a la libertad de expresión del mundo, el país en donde se ha asesinado a más periodistas en menos tiempo. San Pedro Sula es conocida como nuestra capital industrial, pero en el mundo es conocida hoy como la ciudad que en muertes violentas le quitó el primer puesto a Ciudad Juárez. La violencia hondureña se nutre de las organizaciones criminales transnacionales. Pero, ¿qué hay en Honduras para que ese factor externo tenga tanto éxito ese nuestro país? ¿Qué hace que todo en Honduras esté vertebrado en torno a la violencia?

Buscando respuestas, adelantamos tres rasgos íntimamente articulados que se han venido configurando a lo largo de las últimas tres décadas y que contribuyen a explicar la violencia hondureña. Hablamos de tres décadas porque fue en 1982 cuando comenzó el período de gobiernos electos en las urnas, que se han alternado pacífica e ininterrumpidamente hasta que en junio de 2009 se rompió abruptamente el proceso con el golpe de Estado promovido y provocado por los mismos que se alternaban hasta entonces en el gobierno.

PRIMER RASGO: CONCENTRACIÓN DE RIQUEZAS

El primer rasgo de estas tres décadas es la acelerada acumulación y concentración de recursos y riquezas en manos de pocas familias, en una medida nunca antes vista en toda la historia de Honduras, quizá solamente comparada con la concentración de tierras y recursos en manos de las transnacionales bananeras que dominaron la vida nacional durante casi todo el siglo 20.

Antes de estas familias, los analistas sociales y económicos de las últimas décadas del siglo 20 solían argumentar que la carencia de un proceso de modernización agrícola e industrial en Honduras se debía, en gran parte, a la ausencia de una burguesía u oligarquía nacional con capacidad para impulsar su propio proyecto capitalista, quedando todo esfuerzo en manos del capital de las bananeras en la modalidad de enclave.

Hoy, ya adentrados en el siglo 21 esa lectura requiere actualizarse. Honduras cuenta hoy con una oligarquía que, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, del especulativo, del agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos. Ellas controlan, concentran, explotan y convierten en capital la mayoría de nuestros recursos naturales y mineros, al tiempo que aplastan a la pequeña y mediana empresa.

DEL DESAYUNO AL ALMUERZO SON LOS MISMOS

La concentración de las riquezas del país en estas familias las colocan a gran distancia del resto de la sociedad. Son familias de ricos a gran escala, de oligarcas en el pleno sentido del término. Y en su entorno, un amplio sector de servidores: testaferros, administradores, empleados, políticos y funcionarios, intermediarios, proveedores y toda una gama de profesionales. Nada que valga dinero en Honduras, nada que se comercialice, queda fuera de este círculo de poder.

Estás en la cocina y decides freír un huevo con jamón. El huevo, el aceite, la estufa, el gas o la energía con que la enciendes, la refrigeradora donde guardabas el huevo y el café y el azúcar que acompañarán tu desayuno, están en manos de gente de cinco apellidos: Facussé, Canahuati Larach, Kafie, Ferrari, Kafatti. Mientras desayunas, escuchas las noticias por la radio. Es una radio de un Farrari y Villeda Toledo o de Andonie Fernández. Tal vez prefieras ver un programa de debate en la televisión. Lo verás en canales de Ferrari y Villeda Toledo. Si prefieres leer un periódico, tendrás que comprar uno de Canahuati, Rosenthal o Flores Facussé.

Decides almorzar fuera de casa y llamas por celular a un amigo para invitarlo. Lo haces desde un teléfono propiedad de una compañía de las mismas familias que conociste en tu desayuno. Decides almorzar en un lugar de comida rápida. Cualquiera de los que escojas son franquicias en manos de esos mismos apellidos. Cuando sales de almorzar decides ir al supermercado porque necesitas comprar jabón y papel higiénico y gaseosa y churros para tus hijos. Todos esos productos tienen que ver con los mismos apellidos de tu desayuno y tu almuerzo.

CON LOS MISMOS DE LA CENA A LA CAMA

Al atardecer recuerdas que tu vehículo necesita combustible y vas a llenar el tanque en cualquier gasolinera bajo el control del grupo Terra de Fredy Nasser, de la misma familia de los Facussé.

Ya en tu casa, después de un día de trabajo, te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. La compraste en la cadena de farmacias propiedad de los mismos del banco Ficohsa y de los mismos apellidos de tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Ya aliviado, te sientas ante tu televisor. Lo compraste en DIUNSA, la tienda importadora más grande de Honduras, propiedad de los Faraj y Atala, que comparten acciones con los Facussé, los Canahuatti y los Ferrari. Lo compraste con tarjeta de crédito del banco Ficohsa, de la misma familia Faraj-Atala. Ves un partido de fútbol. Cualquiera de los partidos que jueguen son de Canahuati, Ferrari, Rosenthal, Atala y Abufele. Y aun si decides ver el partido del Real Madrid y el Barcelona, lo verás en un canal de Ferrari y Villeda Toledo, los únicos que tienen los derechos para transmitir partidos internacionales.

Por fin te vas a la cama a descansar. Tu cama viene de una distribuidora controlada por los Faraj y Atala. Tal vez antes de cerrar tus ojos, recordarás que en las noticias anunciaron que el fin de semana habrá concentración de candidatos de los dos partidos políticos mayoritarios. Pues bien, los apellidos con los que amaneciste en tu desayuno son directivos de esos dos partidos políticos.

Toda tu vida está bajo control de un grupo de familias que no pasan de doce apellidos. Son los mismos que a lo largo del año van sacando de sus bolsillos unos centavos que después entregarán donativos a la Teletón, una iniciativa controlada por los Ferrari y los Villeda Toledo.

ESTE ESCÁNDALO PROVOCA VIOLENCIA

Tal concentración de recursos, riquezas y decisiones en tan poquísimas manos tiene como contrapartida el descalabro de la pequeña y mediana empresa, la reducción extrema de sus oportunidades para competir en el comercio, la industria y en la producción en general, la pérdida de patrimonio de la mayoría de los sectores sociales, la pérdida de capacidad adquisitiva por el aumento del desempleo, el abandono del campo, la migración, el crecimiento inhumano de los centros urbanos, entre otros indicadores sociales y económicos. Pasar de ese cúmulo de carencias a la delincuencia y a la violencia es sólo cuestión de tiempo y de oportunidades porque la violencia ya la montaron los acaparadores de recursos y riquezas. Su concentración de riquezas y recursos es el detonante de la inestabilidad y de la violencia en Honduras. Esta concentración de poder es escandalosa y este escándalo se acrecienta porque se ha desarrollado en tan sólo treinta años con un Estado que ha aprobado leyes para facilitarles todo y darles carta legal, en nombre del desarrollo nacional y del bien común. Con frecuencia, se ha desarrollado con la bendición de las cúpulas de las iglesias.

SEGUNDO RASGO: ACUMULACIÓN DE CONFLICTOS

Un segundo rasgo definidor de las últimas tres décadas de democracia formal y representativa son los conflictos no sólo no resueltos sino acumulados. Si las riquezas se han acumulado en pocas manos, los conflictos no resueltos se han expandido. Son conflictos por la tierra, los relacionados con una deficiente educación y salud, conflictos en torno a la recaudación de impuestos, conflictos por la inseguridad y la violencia… Como una enorme olla de presión. Si tuviéramos que ordenar por prioritarias estas conflictividades explosivas, el tema de la tierra ocuparía el primer lugar.

En el valle del Aguán varias decenas de campesinos han sido asesinados en los últimos tiempos por conflictos agrarios. Recientemente, diversos grupos campesinos realizaron tomas de tierras en varias zonas del país. Fueron atacados y desalojados violentamente después por operativos combinados de la policía y el ejército. El argumento para los desalojos es el mismo: los campesinos están invadiendo propiedad privada y el Estado debe defender con firmeza el derecho de los propietarios. Un político lo declaró: “Los campesinos están siendo atizados por políticos interesados en desestabilizar al gobierno. Este problema hay que enfrentarlo con la energía que debe caracterizar a un gobierno serio y a una república igualmente seria”. Un comentario parecido a los muchos que llenaron la prensa ante las recientes tomas de tierra.

Quien declaró eso es Juan Ramón Martínez, quien a comienzos de la década de los años 90 fue Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) en el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas. Fue en ese gobierno cuando se aprobó la Ley de Modernización Agrícola, instrumento jurídico bajo el que se legalizó la venta a sectores privados de las tierras sujetas de reforma agraria. Fue el tiempo en el que asistimos al fenómeno del mercado de tierras. En ese tiempo los campesinos organizados en el sector reformado fueron inducidos por diversos medios a vender a precio de gallo muerto sus tierras para dedicarlas al cultivo de palma africana, especialmente en la región del Valle del Aguán. Como Ministro del INA, Juan Ramón Martínez condujo aquel proceso privatizador y concentrador de la tierra, utilizando un instrumento que se aprobó por encima de la Constitución de la República.

LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA GENERA VIOLENCIA

En los años 90 las tierras de la reforma agraria pasaron a manos de Miguel Facussé, de Rosenthal y de otros cuantos agroindustriales, quienes al amparo del Estado diversificaron sus capitales en todos los rubros hasta convertirse en una poderosísima oligarquía económica, agroindustrial, minera, comercial, financiera y política. Veinte años después de la puesta en marcha de aquel dispositivo acaparador del recurso tierra, el principal promotor de aquella violencia jurídica, llama al gobierno a usar la violencia institucional en contra de los campesinos, principales víctimas de un proceso que sólo logró acumular el conflicto agrario nacional. Argumentar con la ley para justificar la concentración de la tierra no sólo es una falta de ética, es querer apagar el fuego con gasolina.

Un dirigente de la gran empresa privada declaró a un medio que “los campesinos invasores atentan contra la propiedad privada, que es la vida de los hondureños”. Es cierto que la propiedad es la vida, pero sólo cuando se le asegura a toda la sociedad. Pero cuando la tierra la concentran unas cuantas familias a costa del hambre y de la precariedad de miles de familias, la propiedad privada en lugar de ser fuente de vida, amenaza a la vida.

La propiedad privada concentrada en pocas manos genera violencia. Rafael Alegría, veterano dirigente campesino y actual dirigente político del Frente Nacional de Resistencia Popular declaró a Envío: “Por 20 años seguidos hemos soportado una política de reconcentración de la tierra, con la mercantilización de la tierra. Hoy ya se habla de la extranjerización de la tierra. Eso significa que la tierra nacional, que es del Estado; la tierra ejidal, que es de la municipalidad; la tierra fiscal, que le han donado o comprado al Estado, está prácticamente en manos privadas. Y esas tierras privadas ya no se pueden tocar”.

En estos treinta años la concentración de la tierra en empresas agroindustriales ha ido de la mano del abandono del campo y de los campesinos. Hace un tiempo, los economistas del Foro Social de la Deuda Externa nos enseñaron que de cada 100 lempiras del presupuesto nacional 70 se quedan en la capital y sólo 5 se invierten en el campo. Esta desigualdad en la distribución de los recursos explica por qué de cada 100 jóvenes que emigran hacia Estados Unidos, 87 salen de áreas rurales.

TERCER RASGO: CLASE POLÍTICA EN CONTROL DEL ESTADO

El tercer rasgo que define los últimos treinta años y que explica el por qué de tanta violencia en Honduras, es la subordinación de toda la institucionalidad del Estado al sistema de partidos políticos. Todas las elecciones de cargos públicos dependen del Congreso Nacional y sus decisiones responden a cálculos, negociaciones y acuerdos entre las altas dirigencias políticas, subordinadas al poder discrecional que esos mismos políticos han depositado en el presidente del Congreso.

Las funciones y atribuciones del presidente del Congreso hacen de él un monarca. La mayoría de los dictámenes de ley que se debaten en el pleno del Congreso requieren primero del visto bueno del presidente. Las negociaciones que toma discrecionalmente las toma con los dirigentes de los partidos políticos, controlados por esos mismos apellidos que controlan todos los hilos de la vida económica o por políticos leales a esa poderosa oligarquía.

Las encuestas independientes realizadas en los últimos años colocan a los partidos políticos entre las instituciones de mayor descrédito ante la sociedad. Son el paradigma de la corrupción, el verticalismo, la antidemocracia, la impunidad, el chantaje y el cinismo. Sin embargo, es este desacreditado sistema de partidos el que decide en el Estado. Si la oligarquía necesita una figura jurídica para que la política fiscal nunca los afecte, bastarán unos cuantos acuerdos, dinero de por medio, entre los dirigentes de los partidos políticos y el presidente del Congreso, para que el deseo del empresariado se convierta en ley. Basta que a unos cuantos empresarios les interese que la explotación minera, la de los bosques y aguas, les aporte más beneficios para que los dirigentes de los partidos políticos y el presidente del Congreso se pongan de acuerdo para que ese deseo se convierta en ley. Basta que a unos cuantos empresarios les interese dar mayor poder al Ejército y a la Policía para proteger sus negocios para que los dirigentes políticos y el presidente del Congreso acaben aprobando o reformando leyes para que así sea. Esto mismo ocurre con decisiones que se toman en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia o en cualquiera de las instituciones del Estado.

UNA INSTITUCIONALIDAD QUE GENERA VIOLENCIA

La elección y nombramiento de los altos cargos de la administración pública no sólo no se hacen en base a competencia profesional. Se nombran por favores y, en no pocas ocasiones, para dar protección a personas que tienen una larga cola de acciones reñidas con la transparencia, la honestidad y la ética. Estos políticos generan violencia e impunidad. La institucionalidad del Estado sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como ya es es el caso de la Policía Nacional, en maquinarias dedicadas al delito y a la criminalidad.

UN CONSENSO CONTRA ESTA OLIGARQUÍA

¿Qué hacer? Honduras requiere de un nuevo consenso nacional para definir un nuevo rumbo, que rompa con el eje que estructura la concentración de recursos y riquezas y que causa violencia en la sociedad. Un consenso en contra de la oligarquía y de su modelo, generador de exclusión y empobrecimiento.

Hay que consensuar políticas públicas. Una de ellas es volver a la Reforma Agraria. Una reforma agraria que garantice la propiedad privada de la tierra en base a la productividad, la justicia social, la seguridad y soberanía alimentaria y que rompa con el latifundio y con el minifundio, definiendo los mínimos en la propiedad privada de la tierra.

Deben consensuarse políticas públicas que rompan con el actual proceso de concentración de los recursos y riquezas naturales. Los recursos naturales han de estar bajo la responsabilidad directa del Estado y deben ser administrados en base a la soberanía nacional y al bienestar de las comunidades. Todos los proyectos con bosques, agua y minerales deben basarse en una relación armónica entre el Estado, las comunidades y los sectores privados, dejando al Estado la última palabra.

Los consensos se han de buscar también en torno a nuevas políticas fiscales que garanticen que desaparezcan los llamados “paraísos fiscales”. En eso se ha convertido Honduras para unos cuantos empresarios y para las multinacionales, que invierten y usan los recursos del país exentos de impuestos. Requerimos de una política fiscal basada en ingresos, en renta y en propiedad. Que los que más ganan paguen más y que quienes tienen menos ingresos sean protegidos por el Estado. Mientras no haya una nueva política fiscal no habrá manera de romper con la maquinaria que produce desigualdades.

También se necesita buscar y construir consensos en políticas públicas que promuevan, protejan e incentiven a la pequeña y mediana empresa, a la empresa de carácter social y a todas las iniciativas productivas, industriales y de base que generan empleo, especialmente para la juventud urbana. Se necesitan consensos en torno a la educación, la salud, la vivienda, la energía, la comunicación y la depuración y reestructuración de la institucionalidad de la justicia, para enfrentar la impunidad y defender los derechos humanos.

¿DESDE DÓNDE REFUNDAR LA POLÍTICA?

Existen pequeños signos que apuntan al surgimiento en ciernes de propuestas que buscan romper con el actual sistema de partidos políticos. Pero este sistema de partidos ha dado continuas muestras de su capacidad para capitalizar a su favor todas las crisis políticas que hemos vivido en estas tres décadas. Hay señales de estar buscando lo mismo en la coyuntura actual. Los hombres que han sustentado la verticalidad de la cultura patriarcal productora de caudillos son los mismos que en el Congreso Nacional han aprobado el 40% de participación de las mujeres en cargos de elección popular para los comicios de 2013 y el 50% para las elecciones de 2017. Eso se llama capacidad de cooptación. Y en ese tipo de maniobras son expertos los partidos políticos.

¿LO LOGRARÁ EL PARTIDO “LÍBRE”?

Actualmente ha surgido una nueva propuesta partidaria. Es el partido LIBRE, que ya ha sido legalizado y está inscrito para participar en las elecciones. El partido cuenta con cinco corrientes internas, que van desde la izquierda y organizaciones sindicales hasta los grupos que fueron del Partido Liberal y que se quedaron apoyando a Zelaya. Cuenta también LIBRE con un doble consenso: todas las corrientes tienen a Xiomara Castro, la esposa de Zelaya como candidata presidencial y a Manuel Zelaya Rosales como único líder y sustento del partido.

LIBRE busca capitalizar la fuerza de resistencia que se aglutinó en torno al golpe de Estado. ¿Romperá el nuevo partido de izquierda, LIBRE, con la lógica, la práctica, la verticalidad y la corrupción propias del sistema de partidos políticos? ¿Será cooptado, como ha ocurrido con todas las propuestas de reformas y cambios que se han impulsado antes? ¿Logrará el nuevo partido atraer a nuevas generaciones comprometidas con la ética en la política?
 FUENTE VOS EL SOBERANO

Gobierno pide paciencia para resolver conflicto del Aguán

martes, 29 de mayo de 2012


Gobierno pide paciencia para resolver conflicto del Aguán

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TEGUCIGALPA.- El gobierno aseguró ayer que ya tiene identificadas 4, 500 hectáreas de tierra para resolver el conflicto en el Bajo Aguán, pero pidió a empresarios y campesinos paciencia para concretar el acuerdo porque hay muchos trámites que realizar.
El designado presidencial, Samuel Reyes, indicó que “estamos trabajando duro en esto, tenemos la misma voluntad que teníamos cuando empezamos, pero el tema del plazo es muy complicado”. Aseveró que si revisan el problema cuando comenzó el gobierno y lo que se tiene a la fecha “no hay duda que hemos avanzado mucho pero deben tenernos paciencia para que se haga el pago de las tierras que es lo que falta”.
“Hemos esperado por lo más, esperemos por lo menos, si ya constituimos el fideicomiso lo que falta es resolver los trámites de pago”, expresó. Por su lado, el director del instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, indicó que lo que se pagarán son las 4, 500 hectáreas de tierra que han identificado para darlas a los campesinos y que están haciendo un catastro de tierras en Colón para identificar otras 2, 500.
 “Estamos haciendo los trámites legales pero ya están ubicadas las tierras, está el fideicomiso y estamos en lo menos que es limpiar la propiedad para pagarla”, afirmó.
COMPROMISO
El compromiso asumido por el gobierno con el MUCA en abril de 2010 habla de la entrega inmediata de “tres mil hectáreas de tierra cultivadas de palma africana”, y “tres mil hectáreas no cultivadas”. Dice, además, que en el plazo de un año serían entregadas otras mil hectáreas de tierra cultivadas de palma africana y cuatro mil hectáreas no cultivadas, para completar 11, 000 hectáreas de terreno.

ULTIMATUN
Corporación Dinant, dueña de las tierras del Aguán, ha dado plazo para que el último día de este mes le paguen el precio de las tierras, caso contrario asegura que va a ejecutar las órdenes de desalojo de las propiedades.
 
FUENTE DIARIO TIEMPO

Miles de maestros paralizan labores para exigir pago de salarios


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maestros28052012

TEGUCIGALPA, Honduras (AFP) - Cerca de 60.000 docentes del sector público de Honduras paralizaron sus labores este lunes en protesta por el atraso en el pago del salario de unos 4.000 maestros, lo que afectaría a dos millones de estudiantes, informaron fuentes del movimiento.
Convocados por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), unos 2.000 educadores marcharon en Tegucigalpa y se concentraron en la sede de la Universidad Pedagógica, en el este de la capital hondureña, lo que provocó un severo congestionamiento vial.

"No hay clases en todos los niveles del sistema educativo", básica, primaria y secundaria, por un día, en los 18 departamentos del país, dijo a periodistas durante la protesta Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureña (Colprosumah), uno de los seis sindicatos que integran la FOMH.

En el sistema educativo público de Honduras trabajan unos 60.000 maestros, según datos oficiales. "El gobierno no ha cumplido al magisterio, ha dicho que va a pagar y no se le ha pagado a 4.000 compañeros. En el 2012 estamos reclamando pagos del 2010 y 2011, el gobierno ha dado motivos para salir a las calles", sentenció el dirigente.

"Un profesor al que no se pague ¿qué motivación va a tener para estar en un aula de clases?", se quejó Oscar Recarte, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), otro de los sindicatos. Los atrasos en los pagos de los maestros son constantes en Honduras, lo que el Ministerio de Finanzas atribuye a irregularidades administrativas de nombramientos de profesores que no son registrados en la planilla de pagos.

"Lamentamos que el magisterio haya tomado esa actitud de suspender las clases e irse a las calles, con eso no logran nada porque hay una mesa de diálogo", declaró el ministro de Educación, Marlon Escoto, a la estación local Radio Cadena Voces (RCV).

Explicó que los técnicos de Finanzas y Educación están cotejando las cuentas para verificar los nombres de los educadores a los que deben el salario para pagarles. FUENTE DIARIO TIEMPO

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