Sandra Ponce deja el Ministerio Público tras 17 años de trabajo y escaso apoyo de superiores
Redacción Central / EL LIBERTADORTegucigalpa. Con más frustraciones que alegrías por el escaso apoyo que recibió del Ministerio Público, culminó ayer su ciclo la fiscal Sandra Ponce.
Horas antes de dejar el cargo, Ponce comentó que deja un informe acerca de las investigaciones contra exmiembros de la Policía Nacional, quienes son señalados por haber abusado de sus funciones en el caso en el caso del asesinato de dos jóvenes universitarios ocurrido en octubre de 2011.
En ese sentido, la exfiscal reveló que para las próximas horas se emitirán requerimientos fiscales contra los exfuncionarios que permitieron la fuga de los supuestos asesinos de los estudiantes.
Cabe destacar que el 22 de octubre de 2011 fueron ejecutados por policías Rafael Vargas, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos; y el acompañante, Carlos Pineda.
Tras el crimen, los policías Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo Mancía Hernández, Wilson Roberto Córdova y José Rubén Pozo López, se dieron a la fuga, pero fueron capturados y en la actualidad están recluidos en la Penitenciaría Nacional. Entretanto, el oficial de Policía Carlos Gáleas Cruz y agentes de la escala básica, Wilfredo Figueroa Velásquez y Arnulfo Padilla Rodríguez, continúan prófugos.
Sandra Ponce dijo en exclusiva a EL LIBERTADOR que en ocasiones se sintió “sola y derrotada” por el nulo apoyo que recibió el Fiscal General Luis Rubí en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
La abogada expresó que a partir de hoy, se dedicará a la defensa de los derechos humanos y espera viajar al extranjero a terminar sus estudios de doctorado.
La exfiscal cobró notoriedad durante la dictadura de Roberto Micheletti al emitir requerimientos fiscales contra policías y militares acusados de reprimir las marchas pacíficas convocadas en ese entonces por el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, hoy Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
La unidad que lideró Sandra Ponce tuvo muchas dificultades para aplicar la ley de manera expedita, por la razón que ni Rubi; mucho menos el Fiscal General Adjunto, Roy Urtecho, le apoyaron para que castigara a los golpistas.
Al momento de su salida del Ministerio Público, la abogada Ponce indicó que quedan más de 100 denuncias de violaciones a los DDHH por documentar y 35 requerimientos fiscales contra miembros de los organismos de seguridad del Estado por torturas, asesinatos y represión ocurrida durante el régimen despótico.
Ponce ha sido la única fiscal del Ministerio Público que ha reconocido que el secuestro y expulsión del expresidente Manuel Zelaya hacia Costa Rica fue un golpe de Estado militar.
La exfuncionaria advirtió que “2012 será un mal año para los derechos humanos” porque los ataques contra la ciudadanía que busca un cambio social. CORTESIA EL LIBERTADOR
