Redacción Central / EL LIBERTADORTegucigalpa. El títere de la oligarquía hondureña, Roberto Micheletti, viajó ayer a Ciudad de Panamá junto con el banquero y financista del golpe de Estado Camilo Atala Zablah a “inaugurar” una sucursal del banco Ficohsa a esa ciudad.
La cabeza visible del crimen constitucional del 28 de junio de 2009 que se encuentra de gira por ese país junto al ex presidente de Honduras, el panameño Ricardo Maduro visitó al mandatario de esa nación Ricardo Martinelli, sin que se maneje el porqué de la reunión de ambos.
Como para no perder la costumbre, desde Panamá, el tirano la emprendió contra el pueblo hondureño al calificarlos de “vagos” sólo por el hecho que apoyan el retorno incondicional de Manuel Zelaya Rosales al país.
Además, el dictador quiso echar por tierra las acusaciones que realizó hoy la ex Primera Dama, Xiomara Castro de Zelaya, en el sentido que se ha trazado un plan para liquidar a “Mel” en cuanto éste vuelva al país.
Consideró la acusación como una “simple jugada política” y de nuevo calificó a la ciudadanía de “socialistas” y bajo su concepción política arguyó que “no hay muchos que compartan la visión de (Manuel) Zelaya”.
El dictador Micheletti botó del poder por la vía armada a Zelaya hace dos años, bajo la excusa de una “sucesión constitucional” y desató el genocidio contra los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)
A Roberto Micheletti Baín se le señala como el responsable de los delitos de persecución política y violaciones a los Derechos Humanos, que según la doctrina del derecho internacional, son delitos de lesa humanidad y por tanto no caducan.
Durante el régimen autoritario que encabezó, más de 150 hondureños fueron asesinados; unos 600 niños quedaron huérfanos; 54 mujeres violadas sexualmente por policías y militares y más de 200 personas están en el exilio sin opción de retornar.
En septiembre de 2009, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) interpusieron ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acusaciones contra el otrora usurpador de Casa Presidencial por delitos contra la vida; aún la CPI recaba datos sobre lo suscitado en ese momento.
