Redacción Central / EL LIBERTADOR Tegucigalpa. El juez de letras de lo criminal del departamento de Comayagua y activista del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) Juan Carlos Zelaya, ha denunciado que elementos de la Policía Nacional intentaron ingresar a su casa para asesinarlo por la postura que ha tomado en defensa de los intereses del pueblo.
El hecho se suscitó al filo de la medianoche de ayer sábado en su vivienda ubicada en un sector de la ciudad del mismo nombre, situada a 85 kilómetros al norte de la capital hondureña, cuando familiares del juez reportaron que los vándalos con barras de hierro violentaron la seguridad del portón de acceso a la vivienda sin que se haya reportado daño contra los ocupantes del inmueble.
Zelaya, quien también es poeta, denunció hace unas semanas ante el Comité de Familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras (Codafeh) que ha sido víctima de hostigamiento por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Días previos a la presentación del libro de poesía “Dolor de Patria” que fue la semana anterior, Zelaya fue víctima de persecución por la policía, ya que el denominado “organismo de seguridad” obviando todo procedimiento, le decomisó un vehículo que le pertenece y que a modo de extorsión tenía que dar unos 10,000 lempiras para que el automotor le fuera devuelto.
Al mismo tiempo, el afectado denunció que miembros del Poder Judicial lo han intimidado para que cese su posición con respecto a la militancia que tiene en “La Resistencia” ya que le han advertido que “no debe llevarse con amigos que son del FNRP”.
Al igual que Juan Carlos Zelaya, un considerado grupo de jueces y magistrados también han sido perseguidos por las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, por su oposición al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que ha generado una crisis institucional-
Tras la asonada, los jueces Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Barrios, Luis Chévez, Osman Fajardo y José Flores Ponce fueron despedidos y a la fecha, éstos siguen esperando a que el presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera Avilés los restituya en sus cargos, ya que a criterio de los afectados, la medida fue por “razones políticas”. CORTESIA EL LIBERTADOR
