Pactos legislativos del Plan Colombia

miércoles, 18 de mayo de 2011

El impulsor de este contenido del “Plan Colombia” dentro del pleno legislativo hondureño es el diputado Mario Pérez, de Santa Bárbara
El impulsor de este contenido del “Plan Colombia” dentro del pleno legislativo hondureño es el diputado Mario Pérez, de Santa Bárbara
Primero fue la Ley Antiterrorista, ahora la intervención de comunicaciones privadas y la extensión de la detención preventiva de 24 a 48 horas…

Es un “paquete” de medidas que llaman de emergencia para “combatir la delincuencia y fortalecer al Ministerio de Seguridad”, responsable de la mayoría de violaciones a los derechos humanos en todos los reportes locales e internacionales.
La primera ley de ese paquete fue aprobada el año pasado bajo el título resumido de Ley Antiterrorista.
La segunda entra a discusión esta semana al ritmo del carnaval caribeño en Ceiba, ciudad donde sesiona esta semana el Poder Legislativo en presencia del ministro proyectista, Oscar Álvarez Guerrero.
Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas le llaman, es la misma que anunció en octubre del año pasado el diputado demócrata cristiano, Orle Solís, coordinador de la comisión legislativa de derechos humanos (¡).
Es la misma ley aprobada en Colombia para dirigir la guerra de “las chuzadas”, espionaje puro contra la oposición política, y similar a la promulgada en El Salvador, recientemente.
El impulsor de este contenido del “Plan Colombia” dentro del pleno legislativo hondureño es el diputado Mario Pérez, de Santa Bárbara, quien se basa en el argumento militar que en casos extraordinarios los países deben implementar técnicas de investigación no convencionales.
Las técnicas incluyen escuchas telefónicas, intervención de correspondencia escrita, penetración de sistemas electrónicos de comunicación por radio, intranet e internet, supuestamente para combatir el crimen organizado.
La tercera iniciativa incluye las reformas a los artículos 71, 88 y 92 de la Constitución violentada, para ampliar de 24 a 48 horas “el tiempo de detención de un sospecho de cometer graves crímenes como asesinato, secuestro, tráfico de drogas, robo de vehículos, y otros, antes de entregar a la persona a disposición del tribunal..."
Se arguye que se pretende con la reforma "permitir más tiempo de investigación a los organismos de seguridad civil”.
La ironía de este paquete legislativo es que cuenta con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuyos integrantes evaden que la privacidad de las comunicaciones está protegida en la propia Constitución que dicen defender.
“No obstante que el derecho a la privacidad en cualquier diálogo o conversación está garantizado por la Carta Magna, la legislación internacional establece esta figura (la intervención) como soporte para las investigaciones en casos de crímenes reincidentes o de tipo organizado como el narcotráfico o los secuestros”, dice la información divulgada por el proyectista.
Además, agrega que "este tipo de intervenciones se harán mediante una resolución previa de un órgano judicial, ese control jurisdiccional, que es constitucional, debe mantenerse y respetarse". No dijo que en Honduras las resoluciones son hechas a posteriori…
Ahora los derechos humanos están aún más en precario con la aplicación de la ley antiterrorista, porque criminaliza la protesta social y persigue el respaldo financiero de la oposición política y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras.
Y, peor aún, están en precario con la “nueva ley especial” de Álvarez Guerrero que autoriza la vigilancia electrónica a la resistencia nacional contra el golpe de estado de 2009, que avanza a convertirse en fuerza política beligerante según los acuerdos de Cartagena de Indias.
A partir de la próxima semana seguramente los robos de memorias y discos duros de computadoras, así como la colocación de dispositivos electrónicos en sedes sociales y políticas, serán más frecuentes de lo que hasta ahora han sido.
Para rematar el “paquete” va contra la integridad física y la vida de las personas detenidas durante el proceso de conflictividad social y política que vive Honduras, pues al extender el período de 24 a 48 horas de detención también aumenta el riesgo de vejaciones, torturas y muerte.
Es un paquete que convierte potencialmente a todas las personas en sospechosas de asuntos mayores dentro del país de la policía militarizada.
“No cabe ahora ninguna duda, – dice Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh – Honduras padece una dictadura que debemos denunciar y parar”.

Author: HONDURAS UN PUEBLO UNIDO
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