Dana Frank, The Nation, 5 de mayo de 2011
En Honduras ocurrió lo siguiente: cuando el 90 por ciento de los 68.000 docentes de las escuelas públicas se declararon en huelga para protestar contra la privatización del sistema escolar público el pasado mes de marzo, el gobierno arrojó gases lacrimógenos a los manifestantes durante casi tres semanas continuas. Después suspendió de sus labores a 305 maestros durante dos o seis meses como castigo por protestar, y luego, cuando las negociaciones se rompieron, amenazó con suspender a otros cinco mil maestros de escuelas públicas. El nivel de represión en Honduras, después de una ola de ataques contra la oposición en marzo y a principios de abril, ha excedido al de las semanas inmediatamente posteriores al golpe de Estado militar del 28 de junio 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, a medida que el presidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa mantiene contra distintos segmentos de la población hondureña una guerra por los salarios.
Ilse Ivan Velásquez Rodríguez era una de los docentes en huelga. A sus 59 años de edad esta maestra de educación primaria y directora de una escuela en Tegucigalpa, acudió al Palacio Presidencial para defender al presidente Zelaya en la mañana del golpe de Estado. Fue una de los cientos de miles de hondureños que salieron a las calles durante semanas para protestar contra el gobierno golpista del presidente de facto Roberto Micheletti – de quien los oligarcas de Honduras esperaban que revirtiera los ligeros movimientos hacia a la izquierda de Zelaya y se orientara más hacia las privatizaciones de corte neoliberal. El verano pasado Ilse fue una de las miles de personas en la oposición que hizo circular una convocatoria -que finalmente firmaron 1,25 millones de personas, aproximadamente uno de cada tres adultos - exigiendo una Asamblea Constituyente para refundar desde abajo el país. "Mi hermana quería retirarse este año", me dijo su hermana, Zenaida, que vive en San José, California. "Pero le dijeron que la pondrían en una lista de espera", atrás de otros dos mil maestros, debido a que el fondo de jubilación de los docentes administrado por el gobierno estaba en bancarrota – fue saqueado por el gobierno de Micheletti después del golpe.
La mañana del 18 de marzo de 2011, el segundo día de la huelga, Ilse se unió a otros docentes en una manifestación para exigir su pensión y protestar contra el plan de privatización frente a la sede de Instituto de Jubilaciones en Tegucigalpa. Mientras la policía y los soldados irrumpieron en las calles y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, los profesores, para señalar su actitud no-violenta, levantaron sus manos en alto. Sin embargo, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos rápidamente. A las 10:44, mientras Ilse trataba de huir, un policía disparó deliberadamente un lata de gas lacrimógeno directamente en la cara a quemarropa. Ella cayó al suelo, inconsciente, en una nube de gas asfixiante. El conductor del carro de una televisora, él mismo también afectado por el humo, pasó el carro encima de su cuerpo. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre que emanaba de su cuerpo. Tres horas más tarde, murió en un hospital.
Docentes como Ilse han sido parte de los grupos de choque de la resistencia contra el golpe de Estado. Durante los años 1990 y 2000, los maestros regularmente se movilizaron masivamente para demandar el incremento de sus salarios y pensiones en virtud de la legislación que les otorgara una protección laboral especial a nivel nacional. Con el golpe militar, ellos fueron los primeros en salir a la calle. "Desde el principio, nos sentimos obligados a defender la democracia contra un gobierno impuesto por la fuerza", subraya Jaime Rodríguez, presidente del COPEMH (Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras), la asociación de los docentes hondureños de la educación media". "Esto unificó a casi todos los profesores, aparte de lo que el gobierno le había hecho a los propios maestros. “
En marzo de este año las quejas de los maestros eran ya substanciales. No sólo era que su fondo de pensiones ha desaparecido, sino que también se les debía seis meses de salarios atrasados. Algunos profesores de la oposición han sido asesinados o desaparecidos desde el golpe de Estado. En agosto pasado, el gobierno de Pepe Lobo – electo en unas votaciones fraudulentas en noviembre 2009 durante el gobierno de facto de Micheletti y boicoteadas por los observadores internacionales y la mayoría de la oposición - se comprometió a pagarles. Pero el dinero sigue sin aparecer.
El 31 de marzo, a pesar de las protestas, el Congreso hondureño aprobó una ley que abre las puertaa a una privatización del sistema de educación en todo el país. La legislación pretende pasar el control de la educación a los municipios, que están en la libertad de organizar empresas con fines o sin fines de lucro bajo el modelo de un programa piloto desarrollado durante la presidencia del neoliberal Ricardo Maduro (2002-2006). Maduro, ahora está a la cabeza de un nuevo programa nacional en el que los profesores, en lugar de ser contratados a través de sus asociaciones profesionales, trabajarán por contratos anuales de diez meses sin seguridad laboral, se pagará hasta un tercio de su salario actual (colocándolos por debajo de la salario mínimo) y no recibirán pensiones.
El día antes que el proyecto de ley fuera aprobado, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP,), en solidaridad determinó convocar a un paro civico nacional o "paro cívico" para oponerse a la ley, protestar por la represión y demandar un nuevo salario mínimo, la reducción de los precios de los alimentos, el combustible y los servicios públicos, y, sobre todo, una asamblea constituyente para refundar desde abajo la nación. El FNRP está conformado por una amplia coalición nacional que se organizó inmediatamente después del golpe de Estado, que incluye obreros, campesinas, mujeres, homosexuales, indígenas y afrodescendientes.
Desde entonces la resistencia de Hondurasha mantenido su desafío. Se sigue oponiéndo a lo que consideran el "régimen continuador del golpe" de Pepe Lobo. No tiene el reconocimiento oficial. En este momento el Congreso, elegido en la misma elección falsa como Lobo, está en el bolsillo de los oligarcas y pasa por alto el sentimiento popular. Cinco jueces y magistrados que se oponían al gobierno de facto fueron destituidos. El poder judicial casi en su totalidad apoya al régimen golpista. El sistema judicial en gran parte no funciona. Al día de hoy, no se ha procesado o condenado a individuo alguno por los asesinatos con motivaciones políticas de 34 miembros de la oposición y 10 periodistas desde que Lobo llegó al poder, y mucho menos para las más de 300 homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado desde el golpe de Estado, de acuerdo con COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), el principal grupo independiente de derechos humanos.
El FNRP sabe que si se opta por participar en las elecciones de 2014 - un tema de fuerte debate interno - el proceso electoral será controlado por los mismos militares que ocupan el país. Pensando a largo plazo, el Frente se ha dedicado durante gran parte del año pasado a la construcción cuidadosa de un sistema de representación nacional, comunidad por comunidad. La creación de una asamblea nacional con 1.500 delegados, el pasado mes de febrero en Tegucigalpa, está sentando las bases para una nueva constitución, que esperan que Lobo y los oligarcas acepten.
Mientras tanto, los hondureños en la oposición están utilizando una de las pocas armas que tiene: su cuerpo sin armas propias, colocándose en el camino del régimen, literalmente. En respuesta, el régimen está utilizando fuerza letal una y otra y otra vez, en todo el país, con la esperanza que al tirar gases lacrimígenos van a someter a los ciudadanos.
En el municipio de Nacaome, localizado en la parte sur del país , la mañana del gran paro cívico la policía lanzó de repente gases lacrimógenos a los docentes y sus aliados quienes estaban reunidos en las calles, a punto de realizar el bloqueo de la misma. Cuando un grupo de manifestantes huyeron para refugiarse dentro de una casa cercana, la policía disparó varias latas de gas lacrimógeno en su interior, donde al menos cinco niños estaban presentes, provocando la asfixia de un bebé de dos meses de edad, Cristóbal de Jesús Bonilla García. En el momento que el bebé deja de respirar, su padre le dio resucitación boca-a-boca, sin embargo, la policía continuó con la explosión de gas lacrimógeno mientras el padre trataba de huir con el bebé. Finalmente logró subir por encima de un muro entregar al infante a su abuelo, quien pudo escapar en una motocicleta y llegó a un centro médico. El bebé sobrevivió pero aún se desconoce sí este tendrá daños a largo plazo.
A las 6:30 am de esa misma mañana en Triunfo de la Cruz, una comunidad de afro-indígena garífunas localizada en la costa norte, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) y líder de la resistencia más importante en la comunidad garífuna, fue secuestrada por la policía de manera selectiva dentro de una manifestación. Expresando insultos racistas, la golpearon, le dispararon gases lacrimógenos en el abdomen a corta distancia, la tiraron sobre el asfalto y luego la llevaron a una cárcel, donde a pesar de que sus pulmones estaban afectados por el gas, se le negó atención médica y sus derechos no fueron leídos hasta después de más de dos horas –posteriormente fue acusada de sedición. "A pesar de la falsa sonrisa desesperada de los funcionarios hondureños para poder obtener el reconocimiento internacional”, Miranda declaró luego de ser liberada, “que bajo el régimen de Porfirio Lobo el crimen y la violación a los derechos se han agudizado.”
Los campesinos han sido los más desafiantes, y han pagado el precio más alto. Desde diciembre de 2009, más de 5.000 campesinos y sus hijos, en gran parte en el Valle del Aguán, han utilizado su cuerpo para ocupar tierras que sostienen fueron robadas ilegalmente por las élites hondureñas, especialmente Miguel Facussé, el hombre más rico del país y patrocinador clave del golpe de Estado. Más de 34 campesinos que habían participado en estas ocupaciones de tierras han sido asesinados desde el golpe de Estado, de acuerdo con COFADEH, la mayoría de ellos han sido interceptados en los últimos dos años por los paramilitares. La mañana del paro cívico, los campesinos y sus aliados bloquearon el tráfico de automóviles, en la entrada al Valle del Aguán, comenzando a las 7:00 de la mañana. A las 12:20pm, cuando estaban a punto de dispersarse, la policía disparó gas lacrimógeno y munición real contra ellos hiriendo al menos a doce y matando a un campesino cuyo cuerpo fue tan rápidamente tomado por las autoridades que no pudo ser identificado.
Las fuerzas de seguridad hondureñas están utilizando gases lacrimógenos como arma mortal, no sólo contra los manifestantes, sino también contra los periodistas identificados con la oposición. Ese mismo día la policía en Tegucigalpa rodearon y encerraron a la periodista Lydia Díaz y comenzaron a sacudir el cable de su micrófono, con su logo azul claro, rojo y amarillo de la TV Globo, una estación de la oposición. Cuando ella se opuso, le dispararon una granada de gas lacrimógeno directamente a sus pies. Dos días después, la policía disparó una granada de gas lacrimógeno directamente en el rostro de Salvador Sandoval, camarógrafo de la misma estación, su tabique fue fracturado. "La policía tiene todos los medios de comunicación identificados como« resistencia »o« no resistencia '", acusó desde su cama de hospital.
Toda esta represión patrocinada por el estado en las manifestaciones de marzo y abril se suma a un implacable bombardeo diario de amenazas de muerte, hostigamiento y agresiones de los paramilitares y otros agentes extralegales, contra todos los sectores de la oposición. En la capital, las rocas caen sobre los carros en el estacionamiento de la sede del sindicato en muchas de las reuniones ahí llevadas a cabo. En San Pedro Sula, un carro camuflado acecha de rutina todos los días fuera de la oficina del Centro de Derecho de Mujeres, buscando a María Elena Sabillón, abogada que representa a las víctimas de la violencia doméstica. Las mujeres transexuales aparecen muertas en calles y vertederos de basura.
A través de todo esto, la respuesta de la administración de Obama ha sido la de culpar a la víctima. En respuesta a las preguntas de EE.UU. Activistas de derechos humanos cuando la líder garífuna Miriam Miranda fue capturada, Jeremy Spector, de la Embajada de los EE.UU. de Derechos Humanos y Agregado Laboral en Tegucigalpa, contestó con un ataque prolongado que los profesores son violentos, los invitó a volver al salón de clases, e insistió en que Ilse Velásquez fue simplemente "atropellado por un vehículo de prensa." Y el Departamento de Estado con entusiasmo no sólo respalda a Lobo si no también al programa económico neoliberal tras el golpe de Estado que el Congreso hondureño está rápidamente tratando de promulgar. "Desde el primer día que el presidente Lobo asumió el cargo se ha enfocado en la creación de la inversión para generar empleo con el apoyo del Congreso Nacional, estableciendo el marco jurídico para ganar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales ", dijo Eduardo Atala, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Honduras, en una comparecencia el 14 de abril. La privatización de la educación y la destrucción simultánea de los sindicatos de profesores son sólo una parte de esa agenda, que incluye también una reforma laboral a ley que convierte los puestos de trabajo a tiempo completo en tiempo parcial, por lo que los trabajadores no estarían facultad para sindicalizarse, sorprendentemente, permitiría a muchos empleadores a pagar el 30% de los sueldos de sus empleados en vales de la empresa, en lugar de dinero real. Los oligarcas también planean la rápida privatización de los puertos del país, el agua de propiedad pública, la teléfonía y los sistemas eléctricos.
Los biocombustibles son también centrales para la agenda de la oligarquía, declaró Miguel Facussé, el oligarca Valle del Aguán. Este ha plantado una vasta extensión de palma africana para biocombustibles. No es coincidencia que los Estados Unidos acaba de nombrar como su embajador en Honduras a Lisa Kubiske, experta en biocombustibles.
Del 4 al 6 de mayo una serie de figuras se reunirán en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, para la celebración de un espectáculo de promoción del nuevo programa, titulado "Honduras está abierta para los negocios." Alvaro Uribe, el ex presidente de Colombia, Carlos Slim, el hombre más rico de México del mundo y Francisco J. Sánchez, Subsecretario de Comercio Internacional en el Departamento de Comercio de EE.UU., son las personas que estarán presentes es esa ciudad. Bill Clinton estaba originalmente programado para disertar, pero recientemente se retiró. Se le pidió comentar sobre la conferencia al actual embajador de EE. UU. Hugo Llorens quien declaró: "El país tiene una vez más estabilidad política y el gobierno de la unidad nacional del presidente Porfirio Lobo está trabajando para sanar las divisiones causadas por el golpe de Estado" – a unos días después de la reciente ola de represión.
Mientras tanto, el 23 de marzo, precisamente cuando se le lanzaba a los hondureños bombas lacrimógenas, en El Salvador, el presidente Obama visitó la tumba del arzobispo Óscar Romero, asesinado en 1980 y quien sigue siendo el símbolo más importante de resistencia al gobierno represivo salvadoreño durante la década de 1970 y 1980 que era respaldo por el gobierno de los Estados Unidos. A pesar del gesto abiertamente hipócrita de Obama, no debemos hacernos ilusiones de que su política en Honduras - y más allá - porque ahora coinciden con las de Ronald Reagan y la larga historia de amplio apoyo de EE.UU. a los regímenes represivos en América Latina.
El Departamento de Estado está obsesionado con lograr que Honduras sea readmitida en la Organización de Estados Americanos (OEA), de modo que el régimen de Lobo pueda recuperar la legitimidad internacional. El punto de conflicto, sin embargo, es el regreso con garantías del presidente Zelaya al país. Aunque los tribunales de Honduras acaban de dar a luz la última de sus falsas acusaciones contra Zelaya, no está claro si alguna vez será seguro para el gobierno ilegítimo de Lobo que Zelaya, un símbolo muy popular de la resistencia, puede hablar libremente en Honduras - o si Zelaya podría pisar suelo hondureño sin ser asesinado por los paramilitares.
Frente a las agresiones en curso, tanto de su propio gobierno como de los EE.UU., los hondureños en resistencia tienen dos opciones: seguir resistiendo a la agenda de los oligarcas con el conocimiento claro que podían ser asesinados, o quedarse mirando cómo su país es convertido rápidamente en una zona modelo para la extracción del capital global. Ellos mismos tienen una visión muy diferente del futuro de Honduras, basado en la democracia, los derechos de la gente común y la justicia social. Para apoyar su visión, los activistas de América Latina demandan el cese inmediato de todos los fondos de EE.UU. para los militares hondureños y la policía, y un alto a la presión de EE.UU. en la Organización de Estados Americanos por readmitir a Honduras en la misma.
Traducción libre de Voselsoberano/Los Necios
http://www.thenation.com/article/160472/honduras-teargassed-open-business
