Las millonarias demandas contra el estado de Honduras
Última actualización el Martes, 19 de Julio de 2011 13:20 Martes, 19 de Julio de 2011 11:56
TEGUCIGALPA, Honduras.- Los actos de negligencia cometidos por acción u omisión en la administración pública se han traducido en demandas condenatorias contra el Estado que sólo este año suman 450 millones de lempiras.
Esa abultada cantidad corresponde a resoluciones emitidas por las instancias judiciales de lo Contencioso Administrativo, a propósito de acciones legales interpuestas en distintos períodos gubernamentales por personas naturales o jurídicas.
En todos estos casos ha quedado ratificada la máxima de que ganar una demanda contra el Estado es un proceso tan simple como certero.
La sentencia de más reciente data es la que obliga al Gobierno a pagar 56 millones de lempiras a 82 profesionales de las ciencias forestales que hace cinco años introdujeron un proceso contra COHDEFOR por incumplimiento en el pago del arancel establecido por la institución colegiada que reglamenta sus condiciones salariales.
La resolución a favor de los demandantes tiene un fuerte impacto sobre el presupuesto del Instituto de Conservación Forestal, al extremo que esa dependencia suspenderá por tres meses a 75 empleados, con el fin de obtener un ahorro de seis millones para hacerle frente de manera parcial a la resolución judicial.
Otra de las demandas emitidas en perjuicio del Estado es la que se conoció en abril de este año y que manda a HONDUTEL a pagar 88.7 millones de lempiras a la sociedad mercantil Comunicaciones Generales e Ingeniería por daños y perjuicios.
En este expediente se consideró como agravante la aparente desidia mostrada por la empresa estatal de telecomunicaciones al dejar en deterioro un equipo decomisado a la firma demandante bajo los cargos de fraude telefónico y hurto continuado del espectro radioeléctrico.
En marzo se conoció de otro asunto resuelto en contra del Estado y a favor de 79 médicos a quienes la Secretaría de Salud deberá resarcir mediante el pago de unos 38 millones de lempiras.
Esta serie de disposiciones son catalogadas como el resultado d
e la dejadez o indolencia de los funcionarios en distintos rangos de la administración pública que, por ignorancia o empujados por una intención preconcebida, han dejado abiertas las compuertas de demandas que siempre son falladas a favor de los supuestos agraviados.
e la dejadez o indolencia de los funcionarios en distintos rangos de la administración pública que, por ignorancia o empujados por una intención preconcebida, han dejado abiertas las compuertas de demandas que siempre son falladas a favor de los supuestos agraviados.A los representantes legales del Estado también se les culpa de estar confabulados con los reclamantes y de prestarse a un doble juego al incurrir en errores vinculados con el vencimiento de plazos fatales, inconsistencias en la sustentación de pruebas y otras faltas de similar naturaleza.
Partiendo de tal comportamiento, organismos de lucha contra la corrupción han solicitado la pronta aplicación de un proceso dirigido a deducir responsabilidades a los funcionarios apáticos y a los abogados que litigan a dos aguas y que contribuyan a incubar demandas condenatorias contra el Estado CORTESIA DIARIO TIEMPO
