Política del miedo, una distracción frente a los problemas estructurales
voselsoberano.com | Sábado 30 de Julio de 2011 10:37
Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso
Cuentan los expertos en comunicación que la política del miedo nunca es improvisada. La misma se ha usado siempre desde el poder como una medida de distracción frente a los problemas estructurales de mayor profundidad y alcance. Los auténticos motivos de los reclamos debían ser la injusticia y la exclusión social, la impunidad y la corrupción de los altos funcionarios públicos, y no tanto aquello que como la violencia puede ser usado como argumento para dar legitimidad a la policía y al ejército y a quienes están interesados en mantener a la gente bajo la zozobra y el miedo.
La política del miedo busca que la gente se olvide o deje de lado los verdaderos problemas del país para acabar pidiendo a gritos y con desesperación que el gobierno le ofrezca seguridad y protección. Esto es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Mucha gente de muy buena voluntad organiza marchas, peregrinaciones, vigilias, jornadas de oración por la paz y en contra de la violencia. Y sin que sus organizadores de base lo busquen, estas actividades caen como anillo al dedo, e incluso gozan del pleno respaldo de los promotores de la política del miedo, porque las mismas se convierten en un argumento para medidas de mano dura y para dar legitimidad a impuestos de seguridad. ¿Qué dicen sus promotores? La gente lo pide, es un clamor popular.
La política del miedo logra introducir la inseguridad y sus consecuencias en todos los rincones de la vida de la gente. No extraña que entre las pláticas de vecinos y conversaciones de buses el tema de inseguridad atrapa el interés de todo mundo. Y no es para menos, la violencia toca muy de cerca la vida de las comunidades, la que unida a la crítica situación económica, lleva a la gente a vivir con el “alma en un hilo”, con el miedo de ser una cifra más de asesinatos sin resolver.
Es muy importante para la política del miedo que todo mundo repita que la capital y San Pedro Sula figuran entre las diez ciudades más violentas del planeta. Y es necesario que la gente se llene de espanto con el dato de que el triángulo norte de Centroamérica, es el más inseguro del mundo. Esos datos, más las marchas por la paz y en contra de la violencia de mucha gente de buena voluntad, encajan con los argumentos que necesitan los promotores de la política del miedo para justificar más policías, armas e impuestos para el Ministerio de Seguridad.
Es cierto que la capital y San Pedro Sula son ciudades con altísimos índices de violencia como tan cierto es que Honduras, El Salvador y Guatemala conforman actualmente el triángulo más inseguro y de mayor tráfico de drogas del mundo. Pero igualmente es cierto que, de acuerdo a confesiones públicas de altos exfuncionarios públicos, el Ministerio de Seguridad --principal beneficiario con la tasa de seguridad aprobada por el Congreso--, alberga en su seno a siete de cada diez oficiales existentes con vínculos estrechos o integrados en las diversas bandas delictivas que operan en todo el territorio nacional. Y estos datos, cuyas fuentes provienen de personas muy bien informadas, sí son de miedo. La ciudadanía paga para estar mucho más amenazada. Y a veces la gente pide que se le proteja a una policía a la que en primer lugar se le debía investigar por su vinculación en la violación a los derechos humanos.
La población necesita que se le regrese la tranquilidad perdida. Necesita que se le devuelva la esperanza de un cambio de lógica en el tema de la violencia y seguridad. Esa tranquilidad perdida jamás se resolverá con políticas de miedo ni con demandar que la policía nos proteja. La tranquilidad perdida solo será posible con una nueva institucionalidad, y sin duda la policía, la fiscalía y todo el sistema judicial deberán ponerse en cuestión, sus funcionarios investigados, y todo ese engranaje deberá ser parte de los mínimos consensos que el país necesita en el marco de un nuevo pacto social.
CORTESIA VOS EL SOBERANO
Cuentan los expertos en comunicación que la política del miedo nunca es improvisada. La misma se ha usado siempre desde el poder como una medida de distracción frente a los problemas estructurales de mayor profundidad y alcance. Los auténticos motivos de los reclamos debían ser la injusticia y la exclusión social, la impunidad y la corrupción de los altos funcionarios públicos, y no tanto aquello que como la violencia puede ser usado como argumento para dar legitimidad a la policía y al ejército y a quienes están interesados en mantener a la gente bajo la zozobra y el miedo.
La política del miedo busca que la gente se olvide o deje de lado los verdaderos problemas del país para acabar pidiendo a gritos y con desesperación que el gobierno le ofrezca seguridad y protección. Esto es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Mucha gente de muy buena voluntad organiza marchas, peregrinaciones, vigilias, jornadas de oración por la paz y en contra de la violencia. Y sin que sus organizadores de base lo busquen, estas actividades caen como anillo al dedo, e incluso gozan del pleno respaldo de los promotores de la política del miedo, porque las mismas se convierten en un argumento para medidas de mano dura y para dar legitimidad a impuestos de seguridad. ¿Qué dicen sus promotores? La gente lo pide, es un clamor popular.
La política del miedo logra introducir la inseguridad y sus consecuencias en todos los rincones de la vida de la gente. No extraña que entre las pláticas de vecinos y conversaciones de buses el tema de inseguridad atrapa el interés de todo mundo. Y no es para menos, la violencia toca muy de cerca la vida de las comunidades, la que unida a la crítica situación económica, lleva a la gente a vivir con el “alma en un hilo”, con el miedo de ser una cifra más de asesinatos sin resolver.
Es muy importante para la política del miedo que todo mundo repita que la capital y San Pedro Sula figuran entre las diez ciudades más violentas del planeta. Y es necesario que la gente se llene de espanto con el dato de que el triángulo norte de Centroamérica, es el más inseguro del mundo. Esos datos, más las marchas por la paz y en contra de la violencia de mucha gente de buena voluntad, encajan con los argumentos que necesitan los promotores de la política del miedo para justificar más policías, armas e impuestos para el Ministerio de Seguridad.
Es cierto que la capital y San Pedro Sula son ciudades con altísimos índices de violencia como tan cierto es que Honduras, El Salvador y Guatemala conforman actualmente el triángulo más inseguro y de mayor tráfico de drogas del mundo. Pero igualmente es cierto que, de acuerdo a confesiones públicas de altos exfuncionarios públicos, el Ministerio de Seguridad --principal beneficiario con la tasa de seguridad aprobada por el Congreso--, alberga en su seno a siete de cada diez oficiales existentes con vínculos estrechos o integrados en las diversas bandas delictivas que operan en todo el territorio nacional. Y estos datos, cuyas fuentes provienen de personas muy bien informadas, sí son de miedo. La ciudadanía paga para estar mucho más amenazada. Y a veces la gente pide que se le proteja a una policía a la que en primer lugar se le debía investigar por su vinculación en la violación a los derechos humanos.
La población necesita que se le regrese la tranquilidad perdida. Necesita que se le devuelva la esperanza de un cambio de lógica en el tema de la violencia y seguridad. Esa tranquilidad perdida jamás se resolverá con políticas de miedo ni con demandar que la policía nos proteja. La tranquilidad perdida solo será posible con una nueva institucionalidad, y sin duda la policía, la fiscalía y todo el sistema judicial deberán ponerse en cuestión, sus funcionarios investigados, y todo ese engranaje deberá ser parte de los mínimos consensos que el país necesita en el marco de un nuevo pacto social.
CORTESIA VOS EL SOBERANO
