Instituciones del Estado responsables de defender DDHH desatendieron denuncias en el golpe de Estado
voselsoberano.com | Viernes 08 de Julio de 2011 15:22
Revistazo
De “inadmisible” considera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la situación de indefensión en que quedaron los ciudadanos y ciudadanas hondureñas debido a que las instituciones del Estado responsables de defender los derechos humanos no asumieron sus funciones y misiones institucionales.
Ese aspecto se cita en el apartado que describe los acontecimientos que se suscitaron en torno a la violación de derechos humanos y se agrega que se “desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía, perdiendo así la confianza de la ciudadanía”.
Uso desproporcionado de la fuerza
Las muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política, fueron las violaciones a los derechos humanos que se destacan en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una situación por nadie desconocida y de la cual no se podría esperar menos en una situación deleznable ante los ojos de las y los hondureños.
“Rechazamos, condenamos y declaramos inadmisible el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas militares y policiales” durante y después del golpe de Estado en junio de 2009, que defenestro del poder a Manuel Zelaya Rosales, reza el informe en relación con la forma en cómo se reprimió, golpeo y atacó con bombas lacrimógenas a las y los manifestantes que se pronunciaban en las calles en contra del golpe de Estado.
"Los comisionados constatamos y recibimos testimonios del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante el golpe de Estado y el Gobierno de facto”, indicaron en la parte de Hallazgos y Recomendaciones del informe.
Ataques de policías y militares ocasionaron muerte de Isis Obed
El suceso que más recuerdan los hondureños, fue el acontecido el 5 de julio del año 2009, cuando en medio de una protesta que realizaban los simpatizantes de Zelaya y los integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular –FNRP-, en las cercanías del aeropuerto internacional de Toncontín, los policías y militares que resguardan la zona comenzaron a atacarles con armas de fuego.
Los ataques de los militares y policías, dejaron varios heridos y la muerte de Isis Obed Murillo, joven de 19 años que formaba parte de la manifestación que rechazaba la defenestración del poder y la salida abrupta del país, de Manuel Zelaya Rosales.
Otro de los hechos indignantes recordado es el ocurrido, el 12 de agosto de ese mismo año, cuando cuatro policías secuestraron a una mujer que participaba en una manifestación en Choloma Cortés. La llevaron a un lugar solitario en las cercanías de Ticamaya y la violaron sexualmente.
“Me violaron cuatro policías uno se llamaba Ortiz, el otro se llama López, otro le dijeron Chepe Luis y la cuarta persona no supe su nombre", relataba horas después del deleznable hecho, Irma Villanueva, quien en medio del llanto conto a los pocos medios de comunicación que le dieron espacio para hacer la denuncia.
“Hondureños fueron privados del derecho de ser informados”
En el mismo apartado de las violaciones a los derechos humanos el informe menciona que “corroboraron” que los medios de comunicación hondureños vivieron, transmitieron y reflejaron, en diferentes grados, la misma polarización que vivía la sociedad hondureña.
“Al tomar partido por los bandos en conflicto, lo medios de comunicación no tuvieron la capacidad de guardar la distancia entre el objeto-sujeto de la información y la preferencia política e ideológica de los propietarios de medios, directores de programas y periodistas”, analizaron.
Precisaron que “la ciudadanía hondureña fue privada del derecho de ser informada de manera objetiva y tener de esta forma la posibilidad de entender la complejidad de la crisis y decidir su posición”.
El documento plasma el rechazo de los integrantes de la CVR hacia “las violaciones a la libertad de expresión que se manifestaron con el cierre y la ocupación por parte de militares de algunos medios de comunicación y la destrucción del equipo de transmisión, tanto en Tegucigalpa como en otras ciudades del país, específicamente de los medios afines al expresidente Zelaya”.
Uno de los medios de comunicación censurados, por la simpatía de su director, el periodista, Esdras Amado López, con Manuel Zelaya, fue el Canal 36, Cholusat Sur. En varias ocasiones la señal Cholusat Sur fue sacada del aire. El 12 de septiembre,en horas de la madrugada un grupo de supuestos militares lanzaron un artefacto explosivo contra las instilaciones del canal.
A Radio Globo, Diario Tiempo y la empresa de televisión por cable, Cable Color también se les censuró la libertad de prensa por adoptar una posición contraria a los grupos de poder que dieron el golpe de Estado a Zelaya.
El 28 de septiembre Radio Globo y Canal 36 fueron militarizados, cerrados y confiscados sus equipos, el gobierno de facto de Roberto Micheletti invocó el Decreto PCM-M016-2009 que restringió las garantías constitucionales. Ambos medios permanecieron cerrados durante 20 días.
http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2253:-instituciones-del-estado-responsables-de-defender-ddhh-desatendieron-denuncias-en-el-golpe-de-estado&catid=19:proyectos&Itemid=19
CORTESIA VOS EL SOBERANO
De “inadmisible” considera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la situación de indefensión en que quedaron los ciudadanos y ciudadanas hondureñas debido a que las instituciones del Estado responsables de defender los derechos humanos no asumieron sus funciones y misiones institucionales.
Ese aspecto se cita en el apartado que describe los acontecimientos que se suscitaron en torno a la violación de derechos humanos y se agrega que se “desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía, perdiendo así la confianza de la ciudadanía”.
Uso desproporcionado de la fuerza
Las muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política, fueron las violaciones a los derechos humanos que se destacan en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una situación por nadie desconocida y de la cual no se podría esperar menos en una situación deleznable ante los ojos de las y los hondureños.
“Rechazamos, condenamos y declaramos inadmisible el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas militares y policiales” durante y después del golpe de Estado en junio de 2009, que defenestro del poder a Manuel Zelaya Rosales, reza el informe en relación con la forma en cómo se reprimió, golpeo y atacó con bombas lacrimógenas a las y los manifestantes que se pronunciaban en las calles en contra del golpe de Estado.
"Los comisionados constatamos y recibimos testimonios del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante el golpe de Estado y el Gobierno de facto”, indicaron en la parte de Hallazgos y Recomendaciones del informe.
Ataques de policías y militares ocasionaron muerte de Isis Obed
El suceso que más recuerdan los hondureños, fue el acontecido el 5 de julio del año 2009, cuando en medio de una protesta que realizaban los simpatizantes de Zelaya y los integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular –FNRP-, en las cercanías del aeropuerto internacional de Toncontín, los policías y militares que resguardan la zona comenzaron a atacarles con armas de fuego.
Los ataques de los militares y policías, dejaron varios heridos y la muerte de Isis Obed Murillo, joven de 19 años que formaba parte de la manifestación que rechazaba la defenestración del poder y la salida abrupta del país, de Manuel Zelaya Rosales.
Otro de los hechos indignantes recordado es el ocurrido, el 12 de agosto de ese mismo año, cuando cuatro policías secuestraron a una mujer que participaba en una manifestación en Choloma Cortés. La llevaron a un lugar solitario en las cercanías de Ticamaya y la violaron sexualmente.
“Me violaron cuatro policías uno se llamaba Ortiz, el otro se llama López, otro le dijeron Chepe Luis y la cuarta persona no supe su nombre", relataba horas después del deleznable hecho, Irma Villanueva, quien en medio del llanto conto a los pocos medios de comunicación que le dieron espacio para hacer la denuncia.
“Hondureños fueron privados del derecho de ser informados”
En el mismo apartado de las violaciones a los derechos humanos el informe menciona que “corroboraron” que los medios de comunicación hondureños vivieron, transmitieron y reflejaron, en diferentes grados, la misma polarización que vivía la sociedad hondureña.
“Al tomar partido por los bandos en conflicto, lo medios de comunicación no tuvieron la capacidad de guardar la distancia entre el objeto-sujeto de la información y la preferencia política e ideológica de los propietarios de medios, directores de programas y periodistas”, analizaron.
Precisaron que “la ciudadanía hondureña fue privada del derecho de ser informada de manera objetiva y tener de esta forma la posibilidad de entender la complejidad de la crisis y decidir su posición”.
El documento plasma el rechazo de los integrantes de la CVR hacia “las violaciones a la libertad de expresión que se manifestaron con el cierre y la ocupación por parte de militares de algunos medios de comunicación y la destrucción del equipo de transmisión, tanto en Tegucigalpa como en otras ciudades del país, específicamente de los medios afines al expresidente Zelaya”.
Uno de los medios de comunicación censurados, por la simpatía de su director, el periodista, Esdras Amado López, con Manuel Zelaya, fue el Canal 36, Cholusat Sur. En varias ocasiones la señal Cholusat Sur fue sacada del aire. El 12 de septiembre,en horas de la madrugada un grupo de supuestos militares lanzaron un artefacto explosivo contra las instilaciones del canal.
A Radio Globo, Diario Tiempo y la empresa de televisión por cable, Cable Color también se les censuró la libertad de prensa por adoptar una posición contraria a los grupos de poder que dieron el golpe de Estado a Zelaya.
El 28 de septiembre Radio Globo y Canal 36 fueron militarizados, cerrados y confiscados sus equipos, el gobierno de facto de Roberto Micheletti invocó el Decreto PCM-M016-2009 que restringió las garantías constitucionales. Ambos medios permanecieron cerrados durante 20 días.
http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2253:-instituciones-del-estado-responsables-de-defender-ddhh-desatendieron-denuncias-en-el-golpe-de-estado&catid=19:proyectos&Itemid=19
