Corrupción y el Congreso Nacional

martes, 30 de agosto de 2011


Corrupción y el Congreso Nacional

Editorial Diario Tiempo
Por la forma en que se ha generalizado la corrupción en nuestro régimen político, lo que hay en Honduras no es democracia sino “cleptocracia”.
El término “cleptocracia” se aplica a aquellos países en que la corrupción se institucionaliza, al grado de crear una cultura especial, “con sus códigos, sus usos y sus jerarquías, con sus honores y su distinción social”.
Con frecuencia hemos abordado este tema, considerando el hecho de que en nuestro país impera un sistema de corrupción. Es, con mucho, el problema más grave de la sociedad hondureña, el cual se ha extendido como un cáncer, llevándonos a la descomposición social y a la falta de distinción entre lo lícito y lo ilícito.
En 2006 se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ha sido el logro más importante en cuanto a la lucha contra la corrupción.  Un año después, 2007, se estableció el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como organismo encargado de la aplicación de dicha ley.
Vale decir que la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue resultante de una dura y complicada gestión, de cara a la recia oposición política y de sectores económicos vinculados a los negocios públicos. El proyecto original sufrió, por ello, modificaciones, pero, al final, no pudieron esterilizarlo del todo.
El Instituto de Acceso a la Información Pública, a los casi cuatro años de haber sido instalado, no ha dado los frutos esperados. Hay varios motivos para que eso sucediera, entre ellos la politización propia de su integración, la renuencia de los funcionarios públicos y de los negociantes a cumplir con su obligación de rendir cuentas al IAIP, así como el escaso interés, o la ignorancia, del público, para utilizar ese mecanismo de información pública.
También es necesario reconocer que, en la administración del IAIP, no ha habido suficiente claridad de propósito, y, en muchos casos, la tendencia ha sido al ocultamiento de los datos, valiéndose de artificiosas y restringidas interpretaciones de la ley. En todo esto lo que se advierte es, conscientemente o no, el trasfondo de la cultura de la corrupción.
En este momento tenemos un ejemplo de primer orden sobre lo que ocurre con el acceso a la información pública y el funcionamiento del sistema de la corrupción. El IAIP denuncia que la mayoría de los diputados, de una lista encabezada por el presidente del congreso nacional, Juan Orlando Hernández, se niegan a entregar la información solicitada sobre el destino de los dineros de los subsidios que el Legislativo canaliza a las comunidades a través de los legisladores.
Apenas seis diputados, de los 128 que forman la asamblea legislativa, han cumplido con el deber de atender la solicitud del IAIP, y eso merece la consignación de nombres: Waldina Paz (L), Yani Rosenthal (L), Ramón Velásquez Nazar (DC), Gladis López Calderón (N), Celín Discua (N) y German Leitezelar (PINU-SD).
Es necesario resaltar, en relación con la “cleptocracia”, que la autoridad, el derecho a mandar, a gobernar, exige el cumplimiento de los valores éticos y morales. El poder descansa en esos valores para revestirse de legitimidad. Sin esos principios y cualidades no hay confianza ni crédito, y eso deberían saberlo a profundidad los políticos, principalmente aquellos que aspiran a gobernar.
CORTESIA VOS EL SOBERANO

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