Los pobres como pretexto
voselsoberano.com | Viernes 08 de Julio de 2011 15:16
Nuestra Palabra, Radio Progreso, 8 de julio de 2011
No cabe ninguna duda que la confrontación entre el gobierno y la empresa privada es lo más destacado de la vida política nacional en estos momentos. Y es una muestra de que cuando se tocan los intereses de los empresarios se moviliza toda la opinión pública y la sociedad se polariza nuevamente. Quiénes controlan la economía la utilizan en beneficio propio y contra sus “rivales” políticos, sociales o institucionales. Tratan de neutralizar y someter a sus adversarios o deslegitimar cualquier proyecto económico alternativo que suponga limitar sus ganancias o realizar una real redistribución de la riqueza.
Si aceptamos los datos que nos proporciona la empresa privada estamos ante una realidad económica y social apocalíptica causada por un gobierno irresponsable que solo busca obtener un perfil electorero y político a base de nuevos impuestos y proyectos sociales. La aprobación de las nuevas leyes alejará la inversión extranjera, causará la pérdida de miles de empleos, las industrias se irán del país y tendrá un efecto nocivo en la economía hondureña. Y, por si fuera poco, podrían perderse hasta treinta mil empleos de la industria minera. En el fondo, se está diciendo que la aprobación supondrá menos inversión, mayor desempleo e inseguridad social. Es decir, que lo hacen para que no sigan creciendo los pobres y la pobreza.
Por su parte, el gobierno Pepe Lobo está firme en su posición y no dará marcha atrás; y sancionará la ley tal como venga del Congreso. Es más, enviará un decreto ejecutivo para que sancione a las empresas que trasladen a los consumidores el impacto de las leyes. “Lo que necesitamos es que los que más tienen aporten para los que no tienen pues el estado no tiene otra forma de redistribuir el ingreso que no sea por la vía impositiva. Que los que tienen dinero – que son los que pueden pagar – paguen. No es para que lo trasladen a los pobres”. Sin embargo, para los empresarios se trata de prejuicios ideológicos, del espectro de la lucha de clases y el encono de los pobres contra los ricos. “Y aunque el problema es mucho más complejo, corresponde a los expertos y a los políticos, o sea, a la gente educada y la élite del poder, atender el problema para darle solución”.
A fin de cuentas nos encontramos que tanto el sector gobierno como el empresarial tienen proyectos antagónicos donde se utiliza por ambas partes a “los pobres como pretexto” para ver confirmadas sus posiciones y alternativas político-económicas frente a la realidad. Sin ánimo de hacer propaganda política, sí es bueno recordar que lo que mantiene a la mayoría del país en condiciones de inseguridad, precariedad social y laboral es una economía al servicio del lucro, la ganancia y las transnacionales. Por eso, todo lo que signifique enfrentar el problema de la evasión fiscal y gravar directamente a las empresas nacionales y extranjeras, es una manera de democratizar la sociedad y la economía.
Y el gobierno tiene igual o más responsabilidad en esta tarea puesto que, de lo contrario seguirá dándose, como decía Juan Pablo II, la “guerra de los poderosos contra los débiles que ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres (…) Y si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los ricos”.
CORTESIA VOS EL SOBERANO
No cabe ninguna duda que la confrontación entre el gobierno y la empresa privada es lo más destacado de la vida política nacional en estos momentos. Y es una muestra de que cuando se tocan los intereses de los empresarios se moviliza toda la opinión pública y la sociedad se polariza nuevamente. Quiénes controlan la economía la utilizan en beneficio propio y contra sus “rivales” políticos, sociales o institucionales. Tratan de neutralizar y someter a sus adversarios o deslegitimar cualquier proyecto económico alternativo que suponga limitar sus ganancias o realizar una real redistribución de la riqueza.
Si aceptamos los datos que nos proporciona la empresa privada estamos ante una realidad económica y social apocalíptica causada por un gobierno irresponsable que solo busca obtener un perfil electorero y político a base de nuevos impuestos y proyectos sociales. La aprobación de las nuevas leyes alejará la inversión extranjera, causará la pérdida de miles de empleos, las industrias se irán del país y tendrá un efecto nocivo en la economía hondureña. Y, por si fuera poco, podrían perderse hasta treinta mil empleos de la industria minera. En el fondo, se está diciendo que la aprobación supondrá menos inversión, mayor desempleo e inseguridad social. Es decir, que lo hacen para que no sigan creciendo los pobres y la pobreza.
Por su parte, el gobierno Pepe Lobo está firme en su posición y no dará marcha atrás; y sancionará la ley tal como venga del Congreso. Es más, enviará un decreto ejecutivo para que sancione a las empresas que trasladen a los consumidores el impacto de las leyes. “Lo que necesitamos es que los que más tienen aporten para los que no tienen pues el estado no tiene otra forma de redistribuir el ingreso que no sea por la vía impositiva. Que los que tienen dinero – que son los que pueden pagar – paguen. No es para que lo trasladen a los pobres”. Sin embargo, para los empresarios se trata de prejuicios ideológicos, del espectro de la lucha de clases y el encono de los pobres contra los ricos. “Y aunque el problema es mucho más complejo, corresponde a los expertos y a los políticos, o sea, a la gente educada y la élite del poder, atender el problema para darle solución”.
A fin de cuentas nos encontramos que tanto el sector gobierno como el empresarial tienen proyectos antagónicos donde se utiliza por ambas partes a “los pobres como pretexto” para ver confirmadas sus posiciones y alternativas político-económicas frente a la realidad. Sin ánimo de hacer propaganda política, sí es bueno recordar que lo que mantiene a la mayoría del país en condiciones de inseguridad, precariedad social y laboral es una economía al servicio del lucro, la ganancia y las transnacionales. Por eso, todo lo que signifique enfrentar el problema de la evasión fiscal y gravar directamente a las empresas nacionales y extranjeras, es una manera de democratizar la sociedad y la economía.
Y el gobierno tiene igual o más responsabilidad en esta tarea puesto que, de lo contrario seguirá dándose, como decía Juan Pablo II, la “guerra de los poderosos contra los débiles que ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres (…) Y si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los ricos”.
