Martes, 17 de Abril de 2012 21:40
Los diputados dijeron que con la rectificación al acta, respondieron al reclamo de varios sectores de la sociedad.
TEGUCIGALPA.- El escándalo generalizado que provocaron las reformas a los artículos 49 y 61 del Código Penal para conmutar las penas accesorias cuando la condena no excediera los cinco años obligó al Congreso Nacional a dar un paso atrás, sobre todo porque dejaba impunes más de 40 delitos, entre ellos los relacionados con violencia doméstica y violaciones a menores de edad.
Los diputados que votaron a favor de las reformas reconocieron que se equivocaron, y plantearon varios mecanismos preventivos para que esas historias no se repitan. Las reformas quedaron sin efecto tras la presentación de una moción de rectificación al acta de la sesión de la semana anterior, por parte del secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo. Chang Castillo presentó la moción a solicitud del diputado proyectista Oswaldo Ramos Soto, quien se lo pidió mediante una vídeo-conferencia desde Houston, Estados Unidos, donde se encuentra atendiendo un problema de salud.
En la presentación de la moción aprobada apenas con una abstención del diputado José Alfredo Saavedra, Chang Castillo lamentó que la propuesta de Ramos Soto se tergiversó y se emitieron juicios groseros como decir que existieron intereses malévolos para favorecer a determinadas personas. El secretario del Legislativo relató que Ramos Soto le dijo que no retroceder en la decisión traería una mala imagen a la lucha y combate de la delincuencia y la seguridad jurídica del país.
En el debate de la moción el diputado Sergio Castellanos se disculpó ante el pueblo por haber cometido ese error, pero aseguró que fue actuando de buena fe y sin darse cuenta que le metió “gol a la ley”. El jefe de la bancada nacionalista, Celín Discua, expresó que la rectificación deja un saldo positivo y eso se debe a que las sesiones son difundidas por varios medios. El nacionalista Antonio Rivera, abogado de profesión, mencionó que Ramos Soto no recomendó reformar el artículo 49, sino que fue la Corte Suprema la que lo sugirió y por eso el proyectista se adhirió al dictamen. Rivera admitió que él no tuvo cuidado en leer el dictamen.
A juicio de Rivera, el 49 estaba bien reformado, porque la Corte propuso que la pena de inhabilitación especial solo se impondría cuando la profesión se utilizara como medio para cometer el delito. “Por eso la reforma proponía que la conmuta se hiciera efectiva si se comprobaba que la profesión no fue utilizada para cometer el delito”, dijo Rivera. Admitió que en el artículo 61 sí se equivocaron al permitir que la inhabilitación especial y la interdicción civil fueran conmutables porque el acusado iba a sentir que no fue culpable de nada.
José Alfredo Saavedra señaló, en nombre de la bancada del Partido Liberal, que las reformas alentaban la impunidad de varios delitos, El liberal Erick Rodríguez manifestó que hay que reconocer los errores que se cometen y justificó que una de las razones que los llevan a equivocarse es que la directiva del Congreso no les entrega los dictámenes a tiempo para estudiarlos a fondo.
El democristiano Augusto Cruz Asensio señaló que el Legislativo envió un mensaje importante de que está dispuesto a escuchar a la sociedad y a reconocer sus desaciertos. Edwin Pavón reconoció que la presión social los hizo rectificar y demuestra que la democracia funciona atendiendo el clamor popular. Carlos Martínez, uno de los dos que se abstuvo en la votación original, expresó su alegría por la rectificación de la Cámara de Diputados y propuso cambiar el esquema de pre-discusión de temas de elevada importancia, comenzando por la entrega de la agenda todos los martes, como mínimo.
Por su lado, Leonel Giannini dijo que no se puede hablar de que fue un simple error y lo menos que pueden hacer es pedir una disculpa al pueblo y reconoció que muchos no se dieron cuenta de lo que aprobaron por “estar con la boca abierta”.
Algunos delitos que quedaban impunes:
1-Lesiones.
2- Abandono de niños.
3- Actos de lujuria.
4-Difamación y calumnia.
5- Celebración de matrimonios ilegales.
6-Allanamientos de morada.
7-Usurpación.
8-Incendios culposos.
9-Falso testimonio.
10. Falsificación de sellos.
La Corte Suprema dictaminó que las reformas no debían aprobarse en virtud que iban orientadas a beneficiar a las personas que tenían dinero para conmutar. Planteó que la pena accesoria de inhabilitación especial es la sanción que un juez le impone al imputado sobre el derecho a ejercer su cargo, oficio público, profesión o derecho político. Mientras que la pena de interdicción civil consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes. El Congreso Nacional determinó la semana anterior que con las reformas todo condenado a las penas accesorias podía evitar su cumplimiento pagando con dinero a razón de cinco lempiras por día, y estaba en desacuerdo, extremo en el que no estaban de acuerdo los magistrados.
Algunos delitos que quedaban impunes:
1-Lesiones.
2- Abandono de niños.
3- Actos de lujuria.
4-Difamación y calumnia.
5- Celebración de matrimonios ilegales.
6-Allanamientos de morada.
7-Usurpación.
8-Incendios culposos.
9-Falso testimonio.
10. Falsificación de sellos.
La Corte Suprema dictaminó que las reformas no debían aprobarse en virtud que iban orientadas a beneficiar a las personas que tenían dinero para conmutar. Planteó que la pena accesoria de inhabilitación especial es la sanción que un juez le impone al imputado sobre el derecho a ejercer su cargo, oficio público, profesión o derecho político. Mientras que la pena de interdicción civil consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes. El Congreso Nacional determinó la semana anterior que con las reformas todo condenado a las penas accesorias podía evitar su cumplimiento pagando con dinero a razón de cinco lempiras por día, y estaba en desacuerdo, extremo en el que no estaban de acuerdo los magistrados.
Ejemplificaron que “el médico que en el ejercicio profesional ha cometido un delito de homicidio culposo, habiendo mediado grave negligencia o imprudencia profesional, además de eludir el cumplimiento de la pena privativa de libertad pagando el importe de la conmuta, volvería a ejercicio de su profesión, tan pronto como hiciese efectiva una cantidad de dinero”. Los magistrados no consideraban conveniente que se permitiera la conmuta de la pena de inhabilitación especial. En torno a la interdicción civil, la Corte Suprema de Justicia estimó que en el uso de la iniciativa el proyectista debió proponer una reforma encaminada a esclarecer que la referida pena no podría ser conmutable cuando ello vaya en peligro o detrimento de los intereses del menor o incapaz.
FUENTE DIARIO TIEMPO
