Juzgado hondureño ordena tirar a la calle a más de un centenar de niños y sus familias
Tegucigalpa. De la noche a la mañana quedaron en la calle y su drama es impresionante. Luego de haber sido desalojados de sus viviendas un centenar de niños y niñas se encuentran obligados a vivir con sus padres en situación de miseria.
Se trata de 150 familias residentes en la colonia Altos de la Merrian que por orden judicial fueron desalojados por la policía y el ejército nacional.
A pesar que los moradores llevan ocho años ocupando la zona y llevando a cabo acciones de legitimización de la tierra, Lina Armida Aguilera, jueza número 5 de los tribunales de lo penal, ordenó que estas familias fueran desalojadas por la fuerza.
El llanto, el dolor y el repudio invadieron el sentimiento de los pobladores que observaban el pasado veinte de julio la destrucción de su comunidad. Personas particulares protegidas por la Policía Nacional desarmaron las viviendas que con mucho sacrificio habían logrado edificar.
“Llevaron gente civil contratada Siri Zúniga, que nosotros sabemos que son de la ultrafiel, para que deshicieran las casas. Ellos hicieron eso para que nosotros tengamos una intimidación horrible”, expresó Mary Díaz, una de las afectadas.
Esta es la segunda ocasión que la jueza Número 5 de los tribunales capitalinos, ordena desalojar a los moradores de la colonia. Niños, ancianos, hombres y mujeres, fueron tirados a la calle y continúan viviendo en un solar baldío donde se refugiaron.
La tierra que albergaba a la colonia Altos de la Merrian, consta de nueve manzanas ubicadas en las faldas del cerro El Estiquirín, al oeste de la capital. Aunque existe documentación del terreno a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), los mismos son reclamados por Siri Zúniga, quien acusa a los pobladores del delito de usurpación.
Desde la ejecución del desalojo, Zúniga cercó las entradas y salidas de la colonia y contrató los servicios de la empresa de seguridad electrónica privada para mantener custodiado el lugar. Los guardias de seguridad informaron sobre la prohibición de entrar a la zona.
Esta prohibición vulnera aun más los derechos humanos de los vecinos desalojados.
“No nos permiten ir a traer agua a la bomba, no hay permiso para que los niños tengan acceso a la escuela, uno no puede pasar por ningún lado”, expresó Fanny Xiomara Varela, vecina perjudicada en la comunidad.
Varela dijo que después de haber sido desalojados, los vecinos se ubicaron en un solar baldío adyacente a la zona de conflicto. Sin embargo, se encuentran desesperados por el hostigamiento que les provocan los guardias de seguridad.
Indicó que los empleados de la empresa de seguridad cerrajean sus armas y aplican procedimientos de hostigamiento psicológico para desestabilizar a las personas.
“Por las noches y en horas de la madrugada los guardias activan sonidos de pornografía, donde las mujeres se lamentan, se quedan o pujan, esos son sonidos de videos que andan en los celulares y los ponen en alta voz para que sintamos miedo”, dijo Mary Díaz.
Los afectados también se quejaron de la desidia de las autoridades gubernamentales que no muestran voluntad para continuar con el proceso de expropiación iniciado en el Instituto de la Propiedad. FUENTE EL LIBERTADOR
