Según organismo de la ONU, Honduras todavía aplica torturas en centros policiales y penales
Tegucigalpa. A juicio del Subcomité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura, personas detenidas en algunos centros policiales y penales del país, son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas van desde golpes con toletes, patadas hasta electrocuciones, hacinamiento y privación de alimento y agua potable.
Según lo expertos, luego de visitar las cárceles y entrevistarse con algunos privados de libertad, se llegó a la conclusión anterior.
“Aquí aún no se erradicó la tortura” declaró el jefe de la misión de la ONU, Mario Coriolano. “Lamentablemente, lo que vimos durante nuestra visita del 2009, lo volvemos a encontrar hoy. Existe un enorme hacinamiento y las prácticas de tortura siguen ocurriendo en las postas policiales y cárceles. Tortura e impunidad unidas a un sistema de corrupción muy enraizado en el sistema de seguridad hondureño” dijo el delegado.
Asimismo, los expertos tuvieron reuniones con personas, defensores de derechos humanos y con le mismo presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. También se reunieron el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla y el director del Sistema Penitenciario, Abraham Figueroa.
El director de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez del Cid, reconoció ante la comitiva de la ONU que no proveen de alimento a algunos presos en los centros penitenciarios del país. “Nunca hemos tenido presupuesto para alimentación de los detenidos y es algo que antes de implementarlo habría que analizar muy bien, porque sino todo el mundo va a querer ser preso en Honduras”, declaró el titular.
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Abraham Figueroa, señaló que en Honduras, el presupuesto que se les da para la alimentación de cada reo es de $ 0.66 por día. Mientras tanto, la viceministra de Seguridad, Marcela Castañeda, admitió que la situación de los residentes en las cárceles del país, no es muy buena y que esto se debe a la falta de recursos financieros para solventar el problema carcelario. FUENTE EL LIBERTADOR