El próximo jueves el gobierno de Honduras se someterá al examen periódico universal (EPU) del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con la esperanza de obtener una buena calificación y así tener asidero para rescatar un lugar aceptable en la comunidad internacional.
Encabeza la delegación y la vocería del gobierno a esa comparecencia en Ginebra la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, a quien la acompañan, entre otros, la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, y el presidente de la Comisión de derechos Humanos, Orles Solís.
El resultado del examen periódico anterior, en noviembre/10, no fue muy exitoso, no obstante la profusa lista de logros presentados pero que no dieron el peso específico necesario para inclinar la balanza en favor del régimen.
Quedó, entonces, un nudo de recomendaciones cuya solución sería la materia del informe por presentar en esta oportunidad, pero que, por su consistencia, requiere de condiciones objetivas sin discusión, lo cual no es muy fácil de mostrar en vista de la persistencia de situaciones torales en torno a los derechos humanos en Honduras.
Por lo que ha trascendido en los medios de comunicación locales, el gobierno lleva como arras a ese evento en Ginebra las recientes reformas en la legislación penal respecto al delito de tortura, en concordancia con la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, y lo atinente a la discriminación por motivos de género o por orientación sexual.
También se refiere a la revisión del delito de homicidio con trasfondo de odio y a la controversial creación del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, lo mismo que a los hasta ahora fallidos intentos de mejorar la investigación policial, sobre todo respecto a la publicitada saga de asesinatos de periodistas, con suma y sigue.
Frente a ese panorama halagador, infortunadamente se imponen hechos deplorables que pueden anular, si no es que sobrepasar, la buena imagen del desempeño oficial. Las acusaciones sobre escenarios de persecución y terrorismo estatal por razones políticas y de justicia social siguen en pie, aparentemente con pruebas al canto.
El abandono del país del ex-comisionado nacional de los Derechos Humanos, doctor Leo Valladares Lanza, por temor a las amenazas recibidas, según su denuncia pública, por sus declaraciones sobre las fuerzas armadas y el retorno al control del Estado y sus políticas por parte de los militares, es, en verdad, un fuerte revés a la comparecencia oficial en el EPU.
En el mismo sentido está lo relacionado con el proceso de repatriación del ex-presidente José Manuel Zelaya Rosales, quien continúa emigrado –como honorable invitado del gobierno de la República Dominicana–, a la espera de que se le despeje el camino para volver a Honduras sin juicios políticos en los tribunales de la República ni sobresaltos.
Así las cosas, continúa nuestro país como bella durmiente, aguardando despertar al beso ritual de esa OEA que no se asoma, que nunca llega…
Cortesia de
DIARIO TIEMPO
Examen periódico universal
