Honduras: impunidad se cobra la vida de 24 periodistas
voselsoberano.com | Lunes 26 de Diciembre de 2011 00:48
Manuel Torres, Radio Nederland
Desde el primer asesinato de un periodista en Honduras, en el 2003, la impunidad se ha convertido en el denominador común de todos los crímenes cometidos contra otros informadores desde entonces.
El 13 pasado de diciembre, una veintena de mujeres periodistas fue reprimida violentamente por los militares que custodian la casa de Gobierno de Honduras. La escena era desproporcionada, como la violencia e impunidad que rodea los asesinatos de 24 comunicadores sociales en los últimos ocho años, 17 de ellos a partir del 2010.
La fecha de partida de esta cronología fúnebre se remonta al 26 de noviembre del 2003, cuando dos sicarios asesinaron a Germán Rivas, justo en el momento en que se disponía a transmitir su noticiero en el Canal 7, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras, fronteriza con Guatemala.
Rivas, hombre cordial y profesional valiente, se convirtió en el primer periodista asesinado en este país en los últimos 25 años. Su caso es emblemático porque anticipó la tragedia colectiva posterior.
En febrero de ese mismo año, Rivas había escapado a un primer atentado, cuyos responsables nunca se identificaron, porque las autoridades policiales jamás investigaron el hecho y lo archivaron. El riesgo lo hizo tomar precauciones, pero le pudo la vocación y el compromiso social, por lo que prosiguió sus denuncias vinculadas al medio ambiente, tráfico ilegal de ganado y de café, entre otros temas.
Diez meses después, se completó el crimen. La policía identificó a dos de los tres presuntos victimarios, e incluso hizo circular sus retratos ‘hablados’. Se trataba de personas que tenían antecedentes penales por los delitos de robo de vehículos, homicidios y tráfico de drogas, pero nunca aparecieron, al igual que los autores intelectuales que movieron las manos de los delincuentes.
Pese a que la hermana de Rivas, Rocío Tabora, ocupaba en aquel momento el cargo de vice ministra de la Presidencia, bajo el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), el caso fue nuevamente archivado.
La impunidad en el expediente de Rivas caracteriza los 23 asesinatos posteriores de periodistas y comunicadores sociales, incluyendo el de Luz Marina Paz, la primera víctima mujer, ocurrido el 6 de diciembre en Tegucigalpa, pocas horas después de que hombres armados dispararan contra las instalaciones de Diario La Tribuna, hiriendo al vigilante del inmueble.
Nada se conoce aún de los responsables, ni de los motivos en ambos hechos. Es la historia calcada de todas las víctimas, en la que no importa si el crimen ocurrió en una ciudad grande o en un pueblo pequeño, como Candelaria, una comunidad rural, donde el 14 de julio fue abatido Jeremías Orellana, director de Radio Joconguera.
Orellana, de 26 años, era corresponsal de Radio Progreso, propiedad de la Orden de los Jesuitas, miembro destacado de una red de radios alternativas comunitarias, militante del opositor Frente Amplio de Resistencia Popular y colaborador permanente de la obra social de la Iglesia Católica en su pueblo.
El trasfondo político y social en el asesinato de Orellana es próximo al que rodea la muerte de Nahún Palacios, de 33 años, abatido a balazos en marzo del 2010, cuando retornaba a su casa luego de presentar las noticias en un canal de televisión local de la pequeña ciudad de Tocoa, en el litoral atlántico.
“Nuestra teoría es que a los periodistas y comunicadores sociales no los matan por ser de derecha o de izquierda, por ser hombres o mujeres, por ser de oposición o no serlo; los matan en el contexto de la impunidad generalizada que cubre la violencia desatada en Honduras,” comentó a Radio Nederland Karla Rivas, jefe de redacción de Radio Progreso.
Efectivamente, un estudio realizado por organizaciones de protección a la mujer revela que el 96 por ciento de los casos de feminicidios, más de 1600 en los últimos seis años están pendiente de investigación o simplemente se sumen en la impunidad y en el olvido social.
Sin embargo, cada periodista que es asesinado afecta el derecho a la información de la sociedad hondureña y crea un marco de inseguridad para el ejercicio profesional de la comunicación, como si se viviera en un país en guerra.
Karla Rivas revela que los periodistas han modificado sus hábitos profesionales. “Ahora tratamos de hacer coberturas en grupos, viajamos cuando hay tráfico a determinados sitios en autos pequeños y a otros en autos grandes, más fuertes. Ahora, el público sólo accede a nuestras instalaciones por una sola puerta, mientras que nosotros entramos y salimos por otra”. Es aprender a convivir con el temor, resistiendo la tentación a dejar todo y dedicarse a otro oficio.
La indefensión se agravó más en el último mes, cuando el asesinato de dos jóvenes universitarios terminó revelando una enorme red criminal que opera desde el seno de la policía, la misma que siempre prometía investigar los crímenes, pero nunca los esclarecía.
De hecho, un alto funcionario gubernamental reveló a Radio Nederland que la reciente salida de Honduras de los beneficios económicos de la denominada Cuenta del Milenio, cooperación no reembolsable, se debió a que el país no pudo esclarecer una lista de 41 asesinatos que el Gobierno de Estados Unidos puso como condición para desembolsar fondos multimillonarios. En determinado momento de la negociación bilateral, las autoridades de Washington redujeron la demanda a un tan sólo caso aclarado, pero tampoco se dio.
La impunidad y el miedo significan un alto y creciente costo para la economía de este país, calificado por la CEPAL como el de mayor crecimiento de la pobreza y desigualdad en América Latina en lo que va del 2011.
En respuesta a la violencia, que mezcla la impunidad institucional con la expansión del crimen organizado, surgen nuevas organizaciones en el país, como el colectivo de mujeres Periodistas por la vida y la libertad de expresión, convocante de la marcha reprimida ante la casa de Gobierno. Todas reclaman con la esperanza de ser escuchadas.
Pese al silencio oficial, cada vez más lapidario, el buen periodismo hondureño no abandona su compromiso social y profesional. “Hay temor, pero no se puede dejar de hacer lo que hacemos; es más fuerte nuestra responsabilidad por la búsqueda de la verdad, por estar, como se dice, en el ajo de los hechos que afectan a Honduras,” puntualizó Karla Rivas. Claro, con las muertes multiplicándose en el entorno es natural que al final el periodismo hondureño conviva con una pesadilla inquietante: ¿Quién será el siguiente?
http://www.rnw.nl/espanol/article/honduras-impunidad-se-cobra-la-vida-de-24-periodistas CORTESIA VOS EL SOBERANO
El 13 pasado de diciembre, una veintena de mujeres periodistas fue reprimida violentamente por los militares que custodian la casa de Gobierno de Honduras. La escena era desproporcionada, como la violencia e impunidad que rodea los asesinatos de 24 comunicadores sociales en los últimos ocho años, 17 de ellos a partir del 2010.
La fecha de partida de esta cronología fúnebre se remonta al 26 de noviembre del 2003, cuando dos sicarios asesinaron a Germán Rivas, justo en el momento en que se disponía a transmitir su noticiero en el Canal 7, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, al occidente de Honduras, fronteriza con Guatemala.
Rivas, hombre cordial y profesional valiente, se convirtió en el primer periodista asesinado en este país en los últimos 25 años. Su caso es emblemático porque anticipó la tragedia colectiva posterior.
En febrero de ese mismo año, Rivas había escapado a un primer atentado, cuyos responsables nunca se identificaron, porque las autoridades policiales jamás investigaron el hecho y lo archivaron. El riesgo lo hizo tomar precauciones, pero le pudo la vocación y el compromiso social, por lo que prosiguió sus denuncias vinculadas al medio ambiente, tráfico ilegal de ganado y de café, entre otros temas.
Diez meses después, se completó el crimen. La policía identificó a dos de los tres presuntos victimarios, e incluso hizo circular sus retratos ‘hablados’. Se trataba de personas que tenían antecedentes penales por los delitos de robo de vehículos, homicidios y tráfico de drogas, pero nunca aparecieron, al igual que los autores intelectuales que movieron las manos de los delincuentes.
Pese a que la hermana de Rivas, Rocío Tabora, ocupaba en aquel momento el cargo de vice ministra de la Presidencia, bajo el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), el caso fue nuevamente archivado.
La impunidad en el expediente de Rivas caracteriza los 23 asesinatos posteriores de periodistas y comunicadores sociales, incluyendo el de Luz Marina Paz, la primera víctima mujer, ocurrido el 6 de diciembre en Tegucigalpa, pocas horas después de que hombres armados dispararan contra las instalaciones de Diario La Tribuna, hiriendo al vigilante del inmueble.
Nada se conoce aún de los responsables, ni de los motivos en ambos hechos. Es la historia calcada de todas las víctimas, en la que no importa si el crimen ocurrió en una ciudad grande o en un pueblo pequeño, como Candelaria, una comunidad rural, donde el 14 de julio fue abatido Jeremías Orellana, director de Radio Joconguera.
Orellana, de 26 años, era corresponsal de Radio Progreso, propiedad de la Orden de los Jesuitas, miembro destacado de una red de radios alternativas comunitarias, militante del opositor Frente Amplio de Resistencia Popular y colaborador permanente de la obra social de la Iglesia Católica en su pueblo.
El trasfondo político y social en el asesinato de Orellana es próximo al que rodea la muerte de Nahún Palacios, de 33 años, abatido a balazos en marzo del 2010, cuando retornaba a su casa luego de presentar las noticias en un canal de televisión local de la pequeña ciudad de Tocoa, en el litoral atlántico.
“Nuestra teoría es que a los periodistas y comunicadores sociales no los matan por ser de derecha o de izquierda, por ser hombres o mujeres, por ser de oposición o no serlo; los matan en el contexto de la impunidad generalizada que cubre la violencia desatada en Honduras,” comentó a Radio Nederland Karla Rivas, jefe de redacción de Radio Progreso.
Efectivamente, un estudio realizado por organizaciones de protección a la mujer revela que el 96 por ciento de los casos de feminicidios, más de 1600 en los últimos seis años están pendiente de investigación o simplemente se sumen en la impunidad y en el olvido social.
Sin embargo, cada periodista que es asesinado afecta el derecho a la información de la sociedad hondureña y crea un marco de inseguridad para el ejercicio profesional de la comunicación, como si se viviera en un país en guerra.
Karla Rivas revela que los periodistas han modificado sus hábitos profesionales. “Ahora tratamos de hacer coberturas en grupos, viajamos cuando hay tráfico a determinados sitios en autos pequeños y a otros en autos grandes, más fuertes. Ahora, el público sólo accede a nuestras instalaciones por una sola puerta, mientras que nosotros entramos y salimos por otra”. Es aprender a convivir con el temor, resistiendo la tentación a dejar todo y dedicarse a otro oficio.
La indefensión se agravó más en el último mes, cuando el asesinato de dos jóvenes universitarios terminó revelando una enorme red criminal que opera desde el seno de la policía, la misma que siempre prometía investigar los crímenes, pero nunca los esclarecía.
De hecho, un alto funcionario gubernamental reveló a Radio Nederland que la reciente salida de Honduras de los beneficios económicos de la denominada Cuenta del Milenio, cooperación no reembolsable, se debió a que el país no pudo esclarecer una lista de 41 asesinatos que el Gobierno de Estados Unidos puso como condición para desembolsar fondos multimillonarios. En determinado momento de la negociación bilateral, las autoridades de Washington redujeron la demanda a un tan sólo caso aclarado, pero tampoco se dio.
La impunidad y el miedo significan un alto y creciente costo para la economía de este país, calificado por la CEPAL como el de mayor crecimiento de la pobreza y desigualdad en América Latina en lo que va del 2011.
En respuesta a la violencia, que mezcla la impunidad institucional con la expansión del crimen organizado, surgen nuevas organizaciones en el país, como el colectivo de mujeres Periodistas por la vida y la libertad de expresión, convocante de la marcha reprimida ante la casa de Gobierno. Todas reclaman con la esperanza de ser escuchadas.
Pese al silencio oficial, cada vez más lapidario, el buen periodismo hondureño no abandona su compromiso social y profesional. “Hay temor, pero no se puede dejar de hacer lo que hacemos; es más fuerte nuestra responsabilidad por la búsqueda de la verdad, por estar, como se dice, en el ajo de los hechos que afectan a Honduras,” puntualizó Karla Rivas. Claro, con las muertes multiplicándose en el entorno es natural que al final el periodismo hondureño conviva con una pesadilla inquietante: ¿Quién será el siguiente?
http://www.rnw.nl/espanol/article/honduras-impunidad-se-cobra-la-vida-de-24-periodistas CORTESIA VOS EL SOBERANO
Redacción Central / EL LIBERTADOR
En noviembre pasado el vicecanciller de Ecuador, Kintto Lucas, dijo que su país propondría la creación de una comisión de derechos humanos como alternativa a la CIDH en la CELAC. 
