Gobierno anuncian nueva militarización del Bajo Aguán
Honduras vive la peor crisis delictiva de la historia y aunque la criminalidad se da en todas las regiones del país, el secretario de seguridad, Oscar Álvarez, anunció la instalación de un nuevo operativo combinado entre militares y policías, para la región del Aguan, una zona caracterizada por la lucha campesina por el derecho a la tierra. En la zona del Aguan más de un centenar y medio de campesinos y guardas de seguridad murieron en enfrentamientos armados. El gobierno incapaz de cumplir con los compromisos firmados anuncia la militarización a través la operación Xatruch II. El secretario de seguridad informó sobre el envío de 600 hombres más, que se sumarán al contingente que hace varios meses permanece en la Región.
“Sumados a los que tenemos en la zona van a ser más de mil efectivos que van a la zona a hacer operativos de desarme, desalojo de fincas tomadas, vamos a poner orden. Ya estamos buscando los lugares para poner instalaciones militares en la zona y para la construcción de centros integrados policiales”, dijo el funcionario.
Álvarez dijo que durante el operativo realizarán un desarme general. No obstante, los miembros del movimiento campesino acusan al ejército y a la policía de confabularse con René Morales, Reynaldo Canales y Miguel Facusse, empresarios que según ellos son poseedores de un arsenal de grueso calibre, que utilizan para intimidar y asesinar campesinos.
El año pasado, argumentando tener en sus manos un informe de inteligencia militar, el presidente de la Republica Porfirio Lobo Sosa, acusó al campesinado del Aguan de mantener bajo su poder gran cantidad de armas de grueso calibre que según él serían utilizadas para desestabilizar el país. Indicó en su momento que al menos 1,000 Ak-47 y fusiles M-16 no autorizados que estarían en manos de los grupos y advirtió que desarticularía cualquier intento de desestabilización.
Para combatir el supuesto mal, el gobierno militarizó la zona e instaló el operativo Tumbador, acción que perduró por más de seis meses, cuyo resultado solo registra el desalojo violento de los campesinos que ocupaban las fincas de palma africana. Hasta hoy, no se conoce informe oficial alguno que dé a conocer el decomiso de armas a campesinos.
El gobierno de Lobo Sosa emitió en Consejo de Ministros el decreto 003-2010, ordenando la intervención de las oficinas del Instituto Nacional Agrario, ubicadas en la comunidad de Sinaloa. Acusaron que en el interior del inmueble se guardaban armas, hubo una intervención militar-policial que desalojó a los trabajadores y al final no encontraron nada.
Las tierras de esta región fueron destinadas para la Reforma Agraria, pero la Ley de Modernización Agrícola, aprobada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, dio luz verde para que los empresarios agroindustriales pudieran quedarse con ellas a precios bajos. Las cooperativas asentadas en ese lugar incapaces de poder cancelar sus deudas agrícolas, de una en una fueron vendiendo sus propiedades.
Ante el despojo de tierras, a partir del 2001 miles de familias campesinas iniciaron un proceso de recuperación de tierras sembradas con palma africana que reivindicaban como propias.
En 2009 los integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) presentaron una propuesta de acuerdo para resolver el conflicto y dos semanas antes del golpe de Estado, se firmó y ratificó un convenio entre el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el vice Ministro de la Presidencia de República, Alcalde Municipal de Tocoa y el MUCA.
El convenio pronosticaba la creación de una comisión tripartita para revisar el procedimiento legal usado para la adquisición de la tierra por parte de los empresarios. Sin embargo, el golpe de estado paralizó cualquier avance y esperanza de resolver el conflicto por la vía pacífica.
El 9 de diciembre de 2009, dos mil 500 familias campesinas afiliadas a 26 cooperativas campesinas integrantes del MUCA iniciaron un proceso de recuperación de las 20 mil hectáreas que reivindicaban como propias. Ante esta situación, se desencadenó una ola de violencia y represión en todo el Bajo Aguán.
Iniciaron los desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía, los guardias de seguridad de los empresarios y supuestos grupos paramilitares . Detenciones ilegales, órdenes de captura y asesinatos acompañaron la campaña mediática orquestada por los principales medios nacionales para difamar la lucha del MUCA. No obstante, en medio de una militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociación que concluyó con el acuerdo del 13 de abril 2010.
El Movimiento Auténtico Renovador de Campesinos del Aguán (MARCA), conformado originalmente por cuatro cooperativas y hoy por 14 empresas asociativas campesinas, decidió no firmar el acuerdo entre MUCA y gobierno, por considerar que no deben confiar en un acuerdo político, sino en recuperar sus tierras vía los tribunales de justicia, basándose en la validez legal de sus títulos sobre las tierras en cuestión.
De acuerdo a los testimonios de organismos nacionales de derechos humanos los asesinatos fueron perpetrados bajo el contexto del conflicto agrario y con involucramiento directo de guardias de seguridad privada de algunos empresarios de la zona en complicidad con la policía y militares, quienes han mantenido bajo su total control las calles y carreteras del Valle del Aguán desde el mes de marzo de 2010.
A inicios del 2010 las muertes se caracterizaron por simular accidentes mediante el atropellamiento o provocando incidentes automovilísticos fatales. En todos los casos, según las versiones de testigos y miembros de los movimientos campesinos, se señalan como principales actores los guardias de seguridad de los empresarios Miguel Facussé y René Morales.
A partir del proceso de negociación entre la administración de Porfirio Lobo Sosa y los campesinos de MUCA, se intensifican las muertes provocadas con armas de fuego y de grueso calibre luego de una persecución a las víctimas, que en dos casos fueron emboscadas. Tras la firma del acuerdo los asesinatos se ejecutan bajo nuevas características que incluyen el secuestro, tortura y posterior asesinato de las personas.
El Domingo 14 de Agosto pasado, nuevamente volvió a correr la sangre en el Aguan, se reportó el asesinato de 6 personas en la finca Paso del Aguan de los cuales dos eran campesinos y el resto guardas de seguridad privada. También se reportó a 11 personas gravemente heridas.
El derramamiento de sangre continuó el lunes 15 de Agosto a las 3:00 de la tarde cuando cinco personas fueron asesinadas, supuestamente por guardias de seguridad que se conducían en un vehículo pick-up color verde. Los fallecidos, Elvin Giovanni Ortiz (32), Karla Cacho (25), Bonifacio Dubón (32), Eleuterio Lara (27) y Migdalia Sarmiento, eran empleados de una embotelladora de refrescos de San Pedro Sula.
Las víctimas habían llegado a la comunidad de Sinaloa, a reparar una caseta de venta de comida y refrescos ubicada en las instalaciones de la regional de Instituto Nacional Agrario (INA). Los fallecidos se transportaban a borde de un camión color azul propiedad de la empresa embotelladora. Según el parte policial de Colón el hecho no tiene nada que ver con la muerte de las seis personas del domingo 14 en la finca Paso del Aguan,
Compromisos incumplidos
A finales de 2009 e inicios del 2010, varias fincas de palma africana en poder del empresario Miguel Facusse, fueron tomadas el grupos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), con el supuesto propósito de darle solución al conflicto, el 16 de abril de 2010 los 28 grupos campesinos afiliados al Muca, ratificaron por unanimidad en presencia del presidente Porfirio Lobo Sosa y su gabinete el acta de compromisos que los beneficia con once mil hectáreas de tierra.
A finales de 2009 e inicios del 2010, varias fincas de palma africana en poder del empresario Miguel Facusse, fueron tomadas el grupos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), con el supuesto propósito de darle solución al conflicto, el 16 de abril de 2010 los 28 grupos campesinos afiliados al Muca, ratificaron por unanimidad en presencia del presidente Porfirio Lobo Sosa y su gabinete el acta de compromisos que los beneficia con once mil hectáreas de tierra.
La promesa gubernamental consistente en la entrega inmediata de tres mil hectáreas de tierra cultivadas y el resto sin cultivar en meses sucesivos de ese año, se incumplió en su mayoría, de acuerdo a las declaraciones de los campesinos.
El acuerdo contempla la realización de un estudio técnico jurídico que comprende la factibilidad productiva, rentabilidad, la forma como fueron adquiridas estas tierras, y la verificación del sobre techo de las tierras en manos de los terratenientes, Miguel Facusé, René Morales, Reynaldo Canales, para ser adjudicadas al MUCA.
El Gobierno también se comprometió a construir 100 viviendas al movimiento campesino y al retiro de tropas de la zona en conflicto.
Tomado de revista “Comunicación Comunitaria” CORTESIA EL LIBERTADOR
